A menos de dos semanas de que entre en operación el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las empresas del American Petroleum Institute (API), principal asociación comercial del vecino del norte, acusó actos de discriminación en el mercado energético mexicano, los cuales, afirman, violan los acuerdos comerciales que tienen ambas naciones.

 

A través de una carta enviada a Mike Pompeo, Wilbur Ross, Dan Brouillette y Robert Lighthizer, secretarios de Estado, Comercio, Energía y representante comercial de Estados Unidos, respectivamente, el presidente y director ejecutivo de API, Michael Sommers, señaló que el Gobierno de México atenta contra los compromisos que México acordó tanto en el TLCAN como en el T-MEC.

 

La asociación comercial señaló que enfrenta dificultades cada vez mayores para obtener permisos para diferentes actividades como estaciones nuevas o renombradas, instalaciones de almacenamiento de terceros, combustibles importados, terminales de líquidos y terminales de gas natural licuado (GNL).

 

“Las empresas inversoras estadounidenses experimentan actos discriminatorios en materia de combustibles, debido a la emisión de permisos atrasados, rechazados o incluso restringidos para gasolina y diésel”, aseveró. 

 

La consultora de asuntos públicos en Perspectiva21, Abril Moreno, consideró que estas medidas que acusa la API son resultado del control del mercado energético que pretende la actual administración a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Es algo que ya se veía venir con los cambios de regulación y normatividad en el sector energético desde que entró la actual administración, pero sobre todo en los últimos meses. Incluso muchas han sido violatorias al marco regulatorio. La CRE tiene muchos contratos atorados y su autonomía está comprometida”, dijo en entrevista con La Razón.

 

La API destacó en el documento los ejemplos de discriminación que ha experimentado, como las demoras significativas para los permisos y concesiones de infraestructura pendientes, que ha resultado en la detención de la construcción de una nueva terminal de GNL y una nueva terminal de almacenamiento para productos refinados.

 

Ante ello, las empresas de API exhortaron a Brouillette y a Ross a utilizar canales diplomáticos para “instar al Gobierno de México a mantener sus compromisos con el T-MEC de tratar a los inversores y exportadores estadounidenses de manera justa”.

 

El director de la consultoría en Tendencias Económicas y Financieras, Carlos López Jones, indicó que los empresarios estadounidenses se habían demorado en reaccionar y los comentarios de este lunes sólo confirmaron la poca coordinación que tienen previo a la entrada en vigor del T-MEC.

 

 

Agregó que las repercusiones irán desde menores inversiones, por falta de confianza en un verdadero Estado de derecho, una probable venta de inversiones actuales, juicios por el cambio de reglas y posibles sanciones para México.