Ciudad de México. En el acuerdo bilateral alcanzado con Estados Unidos como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México aceptó incorporar estándares “sin precedentes” en biotecnología agrícola a favor de las empresas monopólicas que controlan dicho mercado incluyendo transgénicos y pesticidas; no otorgar subsidios a las exportaciones o salvaguardias agrícolas especiales establecidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) u otros mecanismos para que no se distorsionen los mercados; eliminar barreras a bebidas alcohólicas y permitir acceso sin restricciones al mercado mexicano de quesos de ese país, denunció la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas México mejor sin TLC’s.

Detalló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aceptó “protecciones excesivas a la propiedad intelectual, que quedan evidenciadas ante la negativa de Canadá de aceptarlas tal y como están acordadas porque perjudican a los sectores públicos de salud y cultura ya que resultan en costos elevados para medicinas genéricas y graves violaciones al derecho a la salud, a la privacidad, al acceso al conocimiento, la libertad de expresión, así como a la innovación”.

Otra concesión que hizo el equipo negociador de México, destacó, es la eliminación del capítulo 19, referido a la solución de controversias que contemplaba el establecimiento de mecanismos bilaterales o trilaterales en materia de dumping, que impedían a Estados Unidos adoptar medidas extraterritoriales como los embargos, la imposición de aranceles y sanciones unilaterales.

Al reiterar su rechazo a la renegociación del TLCAN, la Convergencia sostuvo que ésta representa “el fracaso del modelo del libre comercio” y consideró que con la aceptación del gobierno de Peña Nieto de que existan zonas de altos salarios (de 16 dólares por hora) para producir 40 por ciento de la producción automotriz, sólo protege a la industria estadunidense y en México se evade la justa exigencia de aumento salarial.

“De acuerdo a la información filtrada a periodistas de Estados Unidos, el contenido de los capítulo laboral y de medio ambiente es muy similar a los acuerdos adoptados en el Tratado TransPacífico (TPP), lo cual significa que son regresivos frente a los inoperantes y fracasados acuerdos paralelos laboral y ambiental acordados en 1994 en el TLCAN. De ser verídico esto serán totalmente insuficientes para salvaguardar el derecho a un ambiente sano y sustentable y los legítimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos por la Constitución Mexicana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló.

El supuesto éxito del acuerdo bilateral, indicó, sólo es para manipular a la opinión pública para imponer medidas que “sólo favorecen el proteccionismo comercial y el nacionalismo racista del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a favor de mayores ganancias empresariales y trasnacionales, a costa del bienestar de los pueblos, y en función de sus prioridades políticas y la reducción de su déficit fiscal con el argumento de que es mejor tener un TLCAN que no tenerlo”.

Pese a la información y filtraciones difundidas en los medios sobre el acuerdo, criticó que se mantengan en secrecía los alcances y el contenido de los textos negociados, como una forma antidemocrática de ocultar los impactos negativos para el interés nacional e intereses sociales y económicos de la población.

“Continuamos ignorando cuál es el nivel de entreguismo con el que actuó el gobierno mexicano y qué otras concesiones han hecho en esta renegociación. El gobierno mexicano ha incumplido su obligación de informar sobre los términos y condiciones aceptadas y ha ignorado nuestro reclamo del derecho que tiene la sociedad de estar amplia y debidamente informada sobre los objetivos y alcances de la negociación, y de aprovechar el proceso de renegociación del TLCAN como un elemento clave para recuperar soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población”, puntualizó la Convergencia, conformado por diversas organizaciones laborales, agrícolas, de derechos humanos y ambientales, ente otras.