“Desde el 2009, la  cadena entera de las autoridades estatales de seguridad coludidas con los Zetas han cometido crímenes contra la humanidad”, declaró Jimena Reyes, Directora de La Federación Internacional de Derechos Humanos .

Con cerca de 100 asociaciones mexicanas, la FIDH ha publicado un reporte de 72 páginas, presentado el martes por fiscales de la Corte Internacional de Crímenes (ICC, por sus siglas en inglés).

Solicitándole a la fiscalía que abra una investigación preliminar donde “el gobierno de México reconoce que los crímenes contra la humanidad han sido cometidos”, Reyes declaró en conferencia de prensa en La Haya.

La violencia “tiene que parar, la situación ha alcanzado un incomprensible nivel de crueldad”, declaró Reyes.

Concentrándonos en el estado norteño de Coahuila, que hace frontera con el estado de Texas, el reporte analiza cerca de 500 casos que incluyen: tortura, privación de la libertad y desapariciones forzadas.

A través de todo México, más de 32 mil personas han sido reportadas desaparecidas y 200 mil han sido asesinadas en una enloquecida violencia por drogas, en la que carteles han emprendido una guerra entre ellos y las fuerzas de seguridad mexicanas.

El reporte alega que desde el 2009 y el 2012, las fuerzas de seguridad estatal junto a los Zetas (el conocido ultra violento grupo fundado por soldados de fuerzas especiales) cometieron crímenes contra la humanidad, en un contexto de un innegable complot.

“El complot y la corrupción fue tal que los oficiales de alto rango del gobierno de Coahuila, implementaron una política de apoyo y una comisión de crímenes con los Zetas, mientras, simultáneamente comunicaban públicamente su supuesta lucha contra esos grupos”, lo menciona el reporte.

El reporte promueve presunciones que datan del 2012 al 2016, donde las autoridades estatales de seguridad habían directamente cometido crímenes contra la humanidad a través de las fuerzas especiales.

El presidente Enrique Peña Nieto tomo el poder en Diciembre del 2012 con el compromiso de reducir la violencia.

Pero desde esa fecha “la situación no ha cambiado”, dice el reporte.

“Los oficiales gubernamentales de alto rango se beneficiaron con millones de dólares dejando a los Zetas, cometer sus crímenes”, declara Reyes.

Sus acciones eran “caracterizadas por un extremo sadismo, sometiendo na sus enemigos a una brutal tortura, incluyendo mutilación y decapitación, y colgando sus cuerpos en puentes y calles” añade el reporte.

El FIDH ha hecho profundas investigaciones en 32 pruebas con 73 personas, quienes sufrieron violación, prolongadas golpizas con palos y armas, y repetidas sofocaciones usando bolsas plásticas, al punto de perder la consciencia.

En México está asignado el derecho Romano,  el cual sustenta la Corte Internacional de Crímenes.

Desde el 2004, la fiscalía ha estado examinando alegaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidas desde el 2001 en el largo conflicto contra los rebeldes.

La abogada mexicana Ariana García, quien trabaja con las víctimas, dijo que el sistema de justicia del país, “simplemente no funciona”.

“El estado no tiene la capacidad de brindar justicia a las víctimas que fueron desparecidas por la fuerza”, declaró.

Con información de AFP