Casi un año después de que el tema trascendiera en redes sociales, el director del Instituto Municipal de Cultura, Iván Márquez, ha sido vinculado a proceso como presunto responsable del delito de acoso sexual. En consecuencia, el Gobierno municipal ha informado que “se le concedió licencia” en el desempeño de su cargo para enfrentar el caso en su contra.

Como resulta obligado en cualquier situación similar, es necesario decir que Márquez debe ser considerado inocente hasta que se prueba lo contrario en el juicio que ahora se le sigue y, en ese sentido, no puede –ni debe– condenársele a priori.

Sin embargo, también resulta obligado formular una interrogante respecto de la ética pública que debe acompañar a la actuación de quienes tienen una responsabilidad gubernamental, como es el caso.

En este sentido, resulta deseable que los señalamientos en contra de cualquier servidor público se procesen con diligencia y que la autoridad tenga una posición clara respecto de la conducta que le exige a cada uno de los servidores que pueblan su nómina.

En este caso, aunque debe primar el principio de presunción de inocencia, es indispensable señalar que desde la denuncia inicial, hasta el auto de vinculación a proceso, ha transcurrido casi un año, periodo durante el cual el Gobierno de la capital coahuilense no asumió una postura clara e incontrovertible en torno al caso.

No estaba obligado por ley a hacerlo, también debe señalarse, pero no estamos aquí ante un asunto de estricta legalidad, sino ante un problema ético que debería implicar una conducta inequívoca por tratarse de un asunto que entraña un comportamiento alejado de las prácticas deseables.

Frente a la duda debe absolverse, dice la norma penal, pero en el caso que nos ocupa, frente a la duda se espera de los servidores públicos un comportamiento centrado en lo más elevados principios éticos.

Desde esta perspectiva, más que “concederle licencia” para que enfrente el proceso penal abierto en su contra, lo deseable hubiera sido que Iván Márquez hubiera solicitado su separación del cargo desde el primer momento, a fin de disipar cualquier sospecha en el sentido de que estaría aprovechándose de su cargo para evadir la acción de la justicia.

Por otro lado, resultaba deseable que el propio Gobierno de la ciudad le hubiera exigido, también desde el principio, que abandonara el puesto que desempeña y no esperar hasta que un juez penal decidiera vincularle a proceso para actuar.

La tardanza del Gobierno Municipal de Saltillo en tomar posición respecto de este caso deja en entredicho la vocación que cualquier administración debe tener en contra de la impunidad, si bien no estamos aún ante una condena penal.

Habrá que seguir el caso de cerca y estar atentos a la resolución judicial. Por lo pronto parece un signo alentador el hecho de que las denuncias formuladas públicamente en su momento, hayan derivado en un juicio que, en términos estrictos, zanjará la controversia.