El ex secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández, podría ser perseguido por la justicia federal e interponerse en su contra denuncias por delitos que se castigan con hasta 12 años de cárcel. De acuerdo con la opinión de especialistas en derecho penal, el haber presentado ante la Secretaría de Hacienda documentos falsos para inscribir deuda pública de Coahuila por 3 mil millones de pesos en marzo pasado, constituye una conducta que puede ser perseguida por la justicia federal, según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el Artículo 50, párrafo I, inciso e, del citado ordenamiento, se consideran delitos federales todos aquellos “en que la Federación sea sujeto pasivo”; es decir, aquellos en que la Federación sea la parte afectada. A partir de dicho precepto, señalaron los especialistas consultados, sería aplicable el artículo 243 del Código Penal Federal que, al referirse al delito de falsificación de documentos, establece que éste se castiga, “tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa”. 

Adicionalmente, el mismo artículo establece que, “si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más”, razón por la cual el delito presuntamente cometido por Villarreal Hernández podría castigarse hasta con 12 años de cárcel. Según previene el Artículo 244, párrafo IV del citado Código, se comete el delito de falsificación de documentos “alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya sea añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas...”. 

También, “expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen...”, situaciones que encuadran en la conducta del ex titular del SATEC Villarreal Hernández, quien habría presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretos apócrifos, presuntamente expedidos por el Congreso de Coahuila, mediante los cuales se autorizaría la contratación de deuda con cargo a las participaciones presentes y futuras que le correspondan a Coahuila.