Accionistas cuestionaron a Héctor Enrique Escalante, director general de Grupo de Cementos Chihuahua (GCC), sobre el laudo que existe en su contra por parte de la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), por casi cincuenta millones de dólares, ratificado por la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos.

El pasado 27 de octubre Escalante, durante la presentación del Reporte de Resultados del Tercer Trimestre, dijo que por confidencialidad, no puede hacer pública la información al respecto, pero que el proceso sigue impugnado.

Explicó que lo dictaminado en EE.UU, no reconoce la determinación previa de los tribunales bolivianos “estamos preparando una petición de circularidad o una petición para revisar las definiciones de la corte de apelaciones del año en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y nos aseguraremos de proporcionar actualizaciones relevantes tan pronto como se hagan”.
 
Hasta ahora la cementera Mexicana ha alargado indefinidamente el conflicto legal que sostiene desde hace casi una década con su antiguo socio, la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), de Bolivia, también ha negado la sentencia que reconoce y confirma el Laudo por Responsabilidad y Daños dictado en su contra en abril de 2019 por un juez de Distrito de Colorado.
 
La sentencia que enfrenta GCC y ratificada por la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos el pasado 17 de Agosto, le obliga a pagar una indemnización inicialmente determinada en 36 millones de dólares más los intereses correspondientes, la deuda al día de hoy ronda los 50 millones de dólares.
 
Además, GCC no ha informado a sus socios e inversores sobre su situación jurídica actual, con lo cual, al desestimar la información del laudo emitido en su contra,  que posteriormente fue confirmado por la justicia de Estados Unidos, incumplió también el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, que obliga a las empresas a proporcionar oportunamente información verídica y actualizada sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica. 

Ello podría derivar en una sanción por ocultar información relevante y repercutir en un impacto negativo en la reputación de las empresas mexicanas en el mercado de valores, pues dicha información no se vio reflejada oficialmente en su Reporte de Resultados del Tercer Trimestre que la cementera entregó el pasado 27 de octubre.