El pasado 16 de junio de 2021, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano.

Las Acciones Urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas son un mecanismo humanitario que tiene por objetivo que las víctimas sean buscadas y localizadas. Esta determinación de la SCJN impactará de manera favorable en 500 Acciones Urgentes ordenadas al Estado; es decir, ya habrá implicaciones legales para su cumplimiento.

¿Qué dio origen a la disposición de la SCJN? La organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en representación de Perla Damián Marcial, madre del joven Víctor Álvarez Damián, desaparecido el 11 de diciembre de 2013 en Veracruz, acudió en el 2017 a la Fiscalía de esa entidad, para demandar una investigación adecuada como lo había ordenado la CED. 

Sin embargo, la dependencia declaró que las acciones urgentes no tenían un carácter vinculante, por tal motivo, Idheas presentó un amparo que fue negado por el Juzgado de Distrito del estado de Veracruz. Dada la trascendencia social del suceso, la organización solicitó a la SCJN atraer el caso. En agosto de 2019, el máximo tribunal asumió su competencia.

En agosto de 2020, diversas organizaciones civiles, en colaboración con organismos e instituciones públicas, presentaron una serie de amicus curie (amigos de la corte) ante la SCJN, con el objetivo de exponer sus opiniones técnicas sobre la obligación que tiene el Estado mexicano de acatar las determinaciones de la ONU en casos desaparición forzada.

La ruta crítica empleada por la sociedad civil en colaboración con las instituciones y las dependencias públicas rindió frutos y marca un precedente para la defensa de los derechos humanos. Además, con ello, se abre la posibilidad de que más casos de desapariciones forzadas sean investigados con medidas concretas de búsqueda e identificación, y también, se salvaguarde la integridad de las familias que reclaman justicia y el esclarecimiento de los hechos.

En resumen, ya no hay más justificación y todo este entramado legal debe materializarse en honrar y dignificar la lucha de las madres y padres que buscan a sus hijos(as), y lo más importante, en explicar qué ha ocurrido y dónde están sus seres queridos.