ACAPULCO.- Además de las toallas y las sandalias, hay un nuevo artículo de moda en las playas de Acapulco: unos estuches de cuero negro que cuelgan del cuello o los hombros y que se usan para cargar un revólver.

“Híjole, cuando los vi afuera de mi oficina, casi eché mano a mi bolsa”, dice un empresario que vive con miedo tras recibir amenazas de muerte y mensajes de extorsión en su oficina, a cuatro cuadras del mar. “Vivo con terror, temo por mi vida”.

La muerte puede llegar en cualquier lado en Acapulco por estos días: un vendedor de pareos, o pañuelos que se ponen a la cintura, murió al ser abatido a tiros por alguien que se escapó en una moto acuática. Otro hombre fue baleado cuando tomaba una cerveza en un restaurante en la playa. En los barrios pobres de las colinas que rodean la ciudad se encontró el cadáver de una niña de 15 años despedazado y envuelto en una manta, con la cabeza tirada en un balde que tenía un letrero escrito a mano por una banda de traficantes de drogas.

El aumento en los asesinatos ha hecho de Acapulco uno de los sitios más violentos de México, que ha espantado al poco turismo internacional que quedaba y que hizo que el Gobierno estadounidense le prohibiese hace poco a sus empleados visitar la ciudad.

Para hacerle frente a esta ola de asesinatos el Gobierno desplegó grandes cantidades de soldados y policías, y pondrá a prueba una estrategia que ya usó en otras partes: si aumentan los asesinatos, se copa al lugar con soldados.

Hoy es más fácil encontrar un camión lleno de soldados, un Policía Federal o un grupo de policías turísticos que un taxi en el boulevard costero que recorre la zona hotelera. Marinos de la armada patrullan la playa y la policía federal custodia el malecón.

Esta zona “está blindada”, aseguró el Procurador del estado, Xavier Olea.

Pero no es así. Una semana después de que periodistas de The Associated Press visitasen la ciudad, desconocidos mataron a tiros a tres jóvenes a plena luz del día a dos cuadras de los restaurantes. Dos yacían en el cemento, frente a la playa, con sus cuerpos llenos de balas, mientras que otro se desangraba en la arena. Dos eran meseros, el tercero un vendedor ambulante de aceite de coco.

Recientemente, un poco más alejado de ese sector de la playa, otro estuche negro colgaba del cuello de un individuo apodado “El Teniente”. Trabaja como guardaespaldas de un hombre vinculado al bajo mundo, que aceptó reunirse cerca de un restaurante al aire libre para hablar de la situación de seguridad, a condición de no ser identificado para evitar ser blanco de rivales o de las autoridades.

“Hay 300 sicarios aquí en la zona costera”, dijo el hombre, haciendo gestos notorios mientras comía pescado y camarones fritos. En las inmediaciones había al menos un segundo guardaespaldas. “Un sicario en forma gana 5 mil pesos a la semana”.

Expertos dicen que en Acapulco salen a la luz las limitaciones de la estrategia de seguridad del gobierno. Casi ningún miembro de la Policía Federal es de la ciudad y quedan desubicados apenas se alejan del boulevard costero y se internan en los serpenteantes barrios de las colinas. Su armamento pesado no se adapta bien a las funciones policiales y su tarea se ve entorpecida por un sistema judicial difícil de manejar y por la falta de capacitación para investigar.

La semana pasada dos hombres fueron baleados en la calle a una cuadra de la popular playa Caleta. La Policía se presentó, pero no llegó ninguna ambulancia. Amigos o parientes cargaron a los hombres en vehículos privados y los llevaron a hospitales. La policía marcó los sitios donde había cartuchos con botellas de plástico, pero no hubo indicio alguno de que hubiera habido una investigación seria.

“Es el mismo problema en Guerrero, en Tamaulipas y en Michoacán, dijo el analista de temas de seguridad Alejandro Hope, aludiendo a tres estados donde ha habido un marcado aumento en los asesinatos. “De repente hay una emergencia, envían soldados y a corto plazo disminuyen las muertes. Pero surge otra emergencia en otro lado y los soldados tienen que irse, sin haber mejorado la capacidad de la policía local”.

La ola más reciente de asesinatos en Acapulco comenzó el 24 de abril, cuando estalló un tiroteo en el boulevard costero. Fue la primera vez que se registraba una balacera sostenida allí desde el 2012, en que la tasa de homicidios de la ciudad de 800 mil habitantes fue de 146 por cada 100 mil de ellos. Posteriormente cayó a 112 por cada 100 mil habitantes, pero sigue siendo mucho más alta que el promedio nacional.

Tanto el Fiscal Olea como el hombre del bajo mundo coinciden en que el conflicto comenzó a fines del año pasado entre la banda de los Beltrán Leyva, que controlaba la ciudad, y el Cartel Independiente de Acapulco, o CIDA. La pelea se produjo tras la muerte del jefe del cártel Arturo Beltrán Leyva en 2009.

La familia Beltrán Leyva, con el apoyo ahora del cartel que más rápidamente crece en México, la Nueva Generación, trató de afianzar su control en noviembre con el nombre de “La Empresa” al emplear a un pequeño grupo de asesinos profesionales conocidos como ‘Los Rusos’.

Los Beltrán Leyva se enemistaron prontamente con el CIDA al reducir a la mitad los pagos a los matones y los traficantes, lo que dio lugar a una guerra abierta. Se sospecha que los meseros y el vendedor de aceite de coco, muertos la semana pasada, eran gente inocente y sin conexiones con el mundo de la droga, que fueron asesinados por ‘Los Rusos’ sólo para caldear el ambiente.

La venta de drogas al menudeo bien puede ser la segunda actividad económica más importante de la ciudad después de la disminuida industria turística. Un Oxxo, como se denomina a los negocios donde se venden drogas y que al parecer tomó su nombre de una famosa red de tiendas de México, puede generar unos 150 mil pesos (8.100 dólares) en una sola noche.

El presunto delincuente entrevistado dijo que hay unos 50 locales de ese tipo en Acapulco, lo que quiere decir que la droga podría producir unos 400 mil dólares diarios.

Con semejante dinero se pueden contratar a muchos matones.

El tiroteo del 24 de abril se produjo poco después de que unos misteriosos mensajes de texto que circularon entre los residentes de la ciudad anticipasen un fin de semana sangriento, lo que hizo que mucha gente se quedase en su casa y que los menores no fuesen a la escuela.

Las autoridades estatales inicialmente dijeron que se trató de un ataque a instalaciones policiales, pero a medida que se conocía más información dio la impresión de que unos desconocidos intentaron robarle dinero para pagos a un individuo de una banda que tenía unos 50 fajos de billetes, cada uno con miles de pesos.

Al escucharse los primeros tiros en el boulevard costero, la policía federal comenzó a disparar desde un hotel vecino donde se alojaban. No muy lejos, el frente de otro hotel fue rociado con balas.

La reacción de la Policía, filmada por videos que circularon en las redes sociales, fue abrir fuego ruidosamente, lo que aumentó la fama de Acapulco como ciudad violenta.

“Hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que pasó, pero lo que haya pasado, lo hicieron mal, y eso que hicieron mal repercutió en la economía de Acapulco, y en nuestra tranquilidad”, dijo Alejandro Martínez, uno de los líderes de la Cámara de Comercio. “Es un error del gobierno federal que nos costó mucho”.

Añadió que la caída del turismo afectó a los comerciantes que ya, de por sí, eran extorsionados por las bandas de delincuentes.

“El primer contacto tratan de hacerlo por celular, llegan por mensajes de texto”, dice Martínez. “Posteriormente viene la llamada y si haces caso omiso, vienen a tu negocio a visitarte. Llegan cuatro o cinco personas, entran preguntando por el dueño, si no tienen el nombre dueño, las características del dueño”.

Ha habido matanzas de comerciantes planeadas con anticipación y también daños colaterales, como un mesero de un restaurante céntrico que murió al ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo.

Joaquín Badillo, que dirige una de las agencias de seguridad privada más importantes de Acapulco, calcula que el 95 por ciento de las matanzas que hay en la ciudad están ligadas, directa o indirectamente, a grupos criminales.

“El que no cumplió, el que no pagó, el que no entregó, el que le dieron para vender y que no, el que ya está trabajando para la competencia, el que ya se quiere salir y que estaba trabajando con ellos”, dice Badillo. “Toda esa gente que no le hace ningún bien a Acapulco”.

Eso no le sirve de consuelo a los residentes de los barrios pobres de Acapulco, que sufren el grueso de la violencia a pesar de que los casos más sonados son los que ocurren en la zona turística.

El nuevo jefe de la Policía, Max Saldaña, cree que las bandas “se han replegado hacia arriba, hacia la periferia”, donde no llegan los dólares del turismo.

En un barrio, Ciudad Renacimiento, soldados con ropa de combate custodiaban el portón encadenado de la escuela Gabriela Mistral un día reciente, mientras las madres esperaban afuera para recoger a sus hijos. Como en tantas escuelas de Acapulco, se había reforzado la seguridad luego de que las bandas exigiesen a los maestros sus aguinaldos de fin de año o un porcentaje de sus sueldos.

A corta distancia, Pedro Ramírez, de 71 años, estaba sentado en un banco desde el que vende artículos para la cocina. Señalando hacia los soldados, dijo que todo está tranquilo de día pero las cosas se ponen calientes apenas ellos se van.

“Hazte cuenta que hay un toque de queda. La gente de paz ya no sale de noche. Cuando están los soldados y guardias, a veces no hay nada. El problema es cuando se van”, dice Ramírez. “A la mañana hay un muerto”.