Los niveles de confianza en las instituciones públicas se encuentran en niveles muy bajos. Ello es muy grave, afecta la eficacia de dichas instituciones, la gobernabilidad.

La pérdida de confianza en las instituciones públicas tiene varias raíces. Una de ellas resulta del manejo que en los diversos niveles de gobierno se hace de los recursos públicos. Las normas actuales que rigen al proceso de formulación y ejercicio de dichos recursos presentan insuficiencias y fallas importantes, mismas que permiten diversos hechos que irritan, afectan y agravian a los ciudadanos, entre otros: 

• La discrecionalidad exagerada con la cual los responsables de dicho manejo  utilizan  los recursos públicos. Los programas y proyectos públicos, con demasiada frecuencia, corresponden más a ocurrencias del goberrnante o responden a un interés personal, que signifiquen soluciones que contribuyan a resolver un problema que le importa y preocupa a la mayoría. Esta discrecionalidad se acentúa por la falta de evaluaciones del impacto real de dichos programas o proyectos, así como por la nula rendición de cuentas. Los ejemplos en nuestro Estado abundan. 

• La injustificada disparidad entre las remuneraciones y prestaciones que perciben los funcionarios de los diversos niveles de gobierno, poderes y organismos constitucionales autónomos y lo que perciben los propios ciudadanos. Vemos municipios en Coahuila con sueldos de 60 mil pesos netos mensuales, libres de impuestos, para regidores y síndicos, mientras en la región, el salario mensual promedio industrial es de entre 20 y 30 mil pesos para los técnicos especializados y, de entre 40 y 50 mil pesos para gerentes de empresas medias (ambos, antes de los impuestos que deben pagar las personas).

•  La corrupción pública, que se percibe generalizada. 
Lo anterior resalta la necesidad de una reforma fiscal a fondo, que ordene radicalmente el proceso de asignación, ejercicio y rendición de cuentas del gasto público. Esta reforma de las finanzas públicas es una asignatura pendiente. En este artículo abordaremos sólo uno de los temas que debe incluir esta reforma, el relativo a las remuneraciones de los servidores públicos de cualquier nivel,  los criterios que deben usarse para definir los máximos de cada nivel, las prestaciones a que tengan derecho, así como los mecanismos para fijar y/o actualizar  dichas remuneraciones y prestaciones.

Al respecto, son varios los problemas a resolver. Nos referimos en primer lugar a los mecanismos para fijar los montos que perciben los diversos funcionarios.

Actualmente este mecanismo varía según el nivel de gobierno y poder de que se trate; no obstante, todos tienen en común que permiten un elevado nivel de discrecionalidad para la determinación de dichos montos, además, a mi  juicio,  el problema más grave que caracteriza a los mecanismos actuales, es que lejos de basarse en estudios objetivos, con criterios claros, predefinidos, que reflejen correspondencia con la realidad ciudadana, quienes fijan las remuneraciones son los propios funcionarios que habrán de beneficiarse  de ello, y usualmente toman tal decisión sin tener alguna base objetiva para tal determinación.  

Así, es frecuente observar, al inicio de una nueva administración municipal, que dicho cabildo decida, usualmente por unanimidad, los sueldos que devengarán durante su encargo los propios integrantes del cabildo, y posteriormente los aumentos anuales, que difícilmente tendrán correspondencia con los aumentos de los salarios en el resto de la economía. 

Pocas decisiones públicas generan tanto rechazo ciudadano. Un rechazo similar sucede ante decisiones de igual naturaleza en otros niveles de autoridad, basta recordar la crítica generalizada que mereció la decisión del Congreso de la Unión, a fines del año 2016, cuando se otorgaron un cuantioso bono navideño.

Una sociedad que aspire a la democracia no debe permitir esta situación. 

En ejercicio de la soberanía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a los Estados para normar lo concerniente a su régimen interior, es deseable reformar la Constitución del Estado para solucionar este problema. Sería un buen inicio de la actual legislatura. La reforma debería establecer los principios y criterios para fijar los sueldos y prestaciones para todo individuo que desempeñe una función, empleo, cargo o comisión, en los distintos órdenes de gobierno: estatal, municipal o cualquier entidad paraestatal o paramunicipal, fideicomiso u organismo autónomo.

El significado de los principios y criterios que se adopten como guías para fijar los emolumentos de referencia, deberían ser explicados en la exposición de motivos de dicha iniciativa. En mi opinión, al menos los siguientes deben incluirse: objetividad, racionalidad, auto-contención e  imparcialidad; entendiendo por ejemplo que:

• Auto-contención e imparcialidad significan que ningún funcionario o cuerpo colegiado (cabildo, congreso, cámara, etcétera) podría fijar los sueldos que le beneficien. Un estudio de expertos externos podría ser quien lo fije.

• Objetividad significa que las percepciones totales (sueldo, prestaciones y cualquier beneficio que reciba un servidor público por cualquier motivo) deben estar en línea con la responsabilidad que se desempeñe; sería necesario además establecer un tope, como existe a nivel federal, donde se norma que ningún funcionario puede tener un salario superior al del Presidente; en nuestro caso, el tope sería el que perciba el Gobernador, que podría a su vez toparse a un máximo de veces del salario mínimo. Ello permitiría que los aumentos anuales no rebasen lo que aumente el mínimo

• Racionalidad significa que los sueldos deberán estar en línea con los que priven en el mercado de la zona donde se va a prestar el servicio público respectivo: Estado para los respectivos poderes y órganos, municipio para los ayuntamientos. En este caso, también  los aumentos deberán estar en línea con los aumentos que se den a los mínimos.

Tengo la esperanza de que los legisladores que recién han asumido su encargo se propongan construir una iniciativa que limite la discrecionalidad y los excesos que las leyes actuales permiten en la fijación de las remuneraciones a las y los funcionarios públicos, y que contenga medidas que mejoren el uso y transparencia de los recursos públicos; de esa manera el nuevo congreso estaría contribuyendo a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Espero que los representantes populares que el PRI llevó al Congreso tomen la iniciativa.

Son algunas ideas, invito a quien me lea y se interese, a mandar sus propios comentarios y sugerencias, para así, en conjunto, contribuir a una mejor solución.

   rogeliomontemayorseguy@gmail.com