Muchos expertos vaticanólogos han coincidido en que la Iglesia Católica enfrenta ahora el que quizá sea el mayor ataque en tiempos recientes, contra esa institución fundada hace más de dos mil años, y que tiene como uno de sus flancos más vulnerables los escándalos de pederastia en todo el mundo.

Este fin de semana la Ciudad del Vaticano albergó a todos los prelados católicos para reflexionar y decidir cómo se deben atender las denuncias por abusos sexuales, a fin de brindar una real, pronta y auténtica justicia a las víctimas de tales casos, “así en la tierra como en el cielo”.

Lo anterior significa, hasta donde se han conocido las primeras informaciones reveladas, que muchos órganos de justicia penal tendrán más y más sacerdotes de distinta jerarquía, en el banquillo de los acusados.

Y es que son muchas las expectativas que existen no únicamente entre las víctimas de la violencia sexual y sus familias, si no también de feligreses necesitados de restaurar la fe que heredaron de sus mayores y que desde hace tiempo cuelga de alfileres luego de los criminales casos comprobados en países de los cuatro puntos cardinales: Estados Unidos, Irlanda, Australia, Chile, Argentina, Alemania y México, entre muchos más. 

El enorme trabajo desplegado por el papa Francisco en los últimos meses alrededor de los abusos generados entre ministros de culto y fieles católicos, no registra antecedentes similares, tal vez, porque antes no se había enfrentado a esos monstruosos delitos de manera abierta y decidida.

El Papa parece haber entendido que la penitencia y los tratamientos brindados hasta ahora -retiros espirituales, terapias psicológicas, cambios de adscripción- a presbíteros que, en parroquias, colegios religiosos, seminarios y grupos pastorales abusaron de niños y jóvenes, igual hombres y mujeres, están muy lejos de hacer justicia, y ya no se diga de reparar el daño.

En Coahuila, específicamente en la Diócesis de Piedras Negras, ya se vivió el caso de un sacerdote católico juzgado y condenado por pederastia, pero es un caso excepcional.

Hay denuncias públicas de casos similares en la Diócesis de Saltillo, pero que no están ni siquiera cerca de resolverse en tribunales no eclesiásticos aunque se afirme que los ministros de culto acusados ya no ejercen su ministerio.

Y ese es, precisamente, uno de los objetivos de la cumbre sobre pederastia en el Vaticano. Ni para las víctimas, ni para la Iglesia es satisfactorio cerrar casos de abuso sólo con palabras de apoyo, no, los victimarios deben purgar penas como deben hacerlo todos los delincuentes.

Ojalá que la firmeza demostrada con la organización del encuentro, se traslade a la aplicación eficiente de la auténtica justicia. Ya no queremos conocer más historias que repiten tanto daño. La cárcel debe ser el destino de los abusadores.