Uno de los fenómenos “peculiares” que en los últimos meses ha sido noticia en Coahuila es el relativo a la “avalancha” de denuncias —por parte de padres de familia— que afirman haber descubierto que sus hijos fueron objeto de abuso sexual en el plantel educativo donde estudian.

Que un alumno —de cualquier institución educativa— sea objeto de abuso sexual constituye una noticia grave por sí misma. Que tales alumnos asistan a jardines de niños y escuelas primarias y, peor aún, que los presuntos responsables de los casos de abuso sean otros alumnos de los mismos planteles, hace que el hecho alcance niveles de escándalo.

Las preguntas resultan obligadas: en primer lugar, ¿qué está pasando en las escuelas del nivel básico de educación? ¿En realidad están creciendo en ellas niños con pulsiones que tendrían que llevar a clasificarlos como futuros delincuentes y, por ende, como un auténtico peligro social?

En seguida cabe preguntarse si el fenómeno está siendo adecuadamente diagnosticado por las autoridades. ¿Están interviniendo en estos casos los especialistas —de las distintas disciplinas requeridas— para indagar en los orígenes de una conducta a todas luces anormal?

Ya no estamos hablando —o al menos eso parece— de “hechos aislados”, sino de un fenómeno que pareciera sistémico, pues se ha reproducido al menos en dos ciudades de nuestra entidad y en diferentes planteles educativos.

Por otra parte, resulta necesario preguntarse si no estamos acaso ante la reproducción —por parte de menores— de conductas que observan en adultos, pues paralelamente a los casos de abuso sexual entre menores se han denunciado hechos en los cuales los perpetradores son adultos que laboran para las instituciones educativas donde se han registrado los sucesos denunciados.

Adicionalmente hemos conocido en las últimas semanas una referencia similar, registrada en la Ciudad de México, donde padres de familia de un colegio particular denunciaron la existencia de casos de agresión sexual en contra de alumnos del plantel.

No estamos pues, ante un asunto trivial y a estas alturas se antoja que tendrían que estar encendidas todas las luces de alerta con al menos tres propósitos: El primero de ellos tendría que ser, por supuesto, el de evitar que se sume un sólo caso más a esta lista alarmante de ejemplos en los cuales menores de edad han sido víctimas de un ataque a su intimidad.

El segundo debería ser el detectar todos los casos que hubieran ocurrido, de tal suerte que se tenga un panorama preciso del fenómeno y ello permita investigarlo y, por ende, combatir lo mejor.

Finalmente, las autoridades tendrían que establecer con la ciudadanía un compromiso puntual con la necesidad de que los abusadores de menores —sean también menores, o sean adultos— sean identificados y sometidos al procedimiento que requiera cada caso: castigo para los adultos y tratamiento y rehabilitación para los menores.