Uno de los principales motivos de queja que los ciudadanos tenemos en materia de seguridad pública es que los cuerpos policiales, además de no cumplir con su obligación de garantizar nuestra seguridad y la de nuestros bienes, cometen frecuentes abusos en el ejercicio de sus funciones.

Lo peor de esta realidad es que se trata de un problema generalizado; es decir, de uno que se registra en todos los cuerpos de seguridad: lo mismo en las corporaciones federales que en las estatales y en las municipales.

Y eso es así porque la raíz del problema es la misma en todos los órdenes de gobierno: la inexistencia, por un lado, de una cultura de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y, por el otro, de un código de conducta fundado en consideraciones éticas y jurídicas.

Da lo mismo si, como ocurre con las corporaciones federales, los elementos de seguridad son reclutados mediante mecanismos más o menos sofisticados o si, como ocurre con la mayoría de las Policías Municipales, el procedimiento para reclutar agentes se reduce a la “intuición” del jefe policial.

Da lo mismo si los policías son entrenados y equipados a un alto costo presupuestal o si apenas se les dota de un uniforme y son ellos mismos quienes deben adquirir sus armas y municiones. El exceso en el ejercicio de sus funciones constituye un elemento omnipresente en la hoja de servicio de las Policías de México y del mundo.

Y de tal circunstancia nadie se salva, tal como asegura haberlo experimentado el subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, quien denunció haber sido violentado en sus derechos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo.

De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario estatal, ha sido detenido arbitrariamente, hasta en dos ocasiones, por un policía saltillense quien -aparentemente- habría actuado por consigna.

Valdrá la pena que el incidente sea investigado y, si se documenta la existencia de un caso de abuso, se sancione conforme a la normatividad aplicable.

Pero valdrá aún más la pena, que el incidente denunciado por Yañez Arreola sirva para poner el acento en donde corresponde; es decir, en la existencia de una cultura de abuso por parte de las policías de todos los órdenes de Gobierno.

Porque en este caso, más allá de lo anecdótico, estamos hablando de un alto funcionario estatal que, amén de ser abogado y tener la posibilidad de reclamar el respeto a sus derechos, cuenta con la posibilidad de recibir auxilio -como ocurrió la noche de incidente denunciado por éste- de la corporación policial dependiente de la Procuraduría de Justicia.

¿Actuarían con la misma celeridad los elementos del GATE si un ciudadano común y corriente solicita su auxilio en un caso similar? Todos conocemos la respuesta y por ello resulta necesario que, independientemente del desenlace que tenga este episodio, las autoridades estatales y municipales asuman el compromiso de instrumentar acciones tendientes a combatir y castigar los abusos policiales