Los Ángeles. Las decenas de miles de niños que huían de la violencia en Centroamérica abrumó de tal manera a las autoridades fronterizas estadunidenses, que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación, concluyó una investigación de Ap.

Ante la falta de camas para albergar al número sin precedente de menores que iban llegando, el Departamento de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos relajó sus normas los pasados tres años a fin de agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos. Las normas fueron flexibilizadas aún más a medida que el éxodo de menores aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por Ap, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.

En primer lugar, las autoridades dejaron de tomar las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban alojar niños. En abril de 2014, la agencia no pidió las actas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes, dejó de exigir que se llenaran los formularios en los que se pedía la información personal de los patrocinadores. Luego tampoco fue necesaria la revisión de prontuarios criminales de la Oficina Federal de Investigaciones para muchos de los interesados en adoptar.

Abusos de distinta índole

Desde la modificación de las normas, la investigación detectó más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.

Esto es claramente la punta del iceberg, declaró Jacqueline Bhabha, directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadunidenses.

Los defensores dicen que es difícil determinar el número exacto de menores sometidos a abusos entre los 89 mil que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos de ellos no han sido encontrados. Tanto los activistas como contratistas señalan que reiteradamente le advirtieron al gobierno, empezando en 2012, sobre el aumento incesante del flujo de niños migrantes. Incluso la misma agencia advirtió a sus empleados el año siguiente sobre la existencia de patrocinadores falsos en Colorado, Iowa y Minnesota, que trataban de adoptar varios infantes a la vez.

Uno de los casos detectados por la Ap es el de un joven guatemalteco de entonces 14 años que llegó a la frontera en septiembre de 2014 y fue llevado al apartamento de un patrocinador en Los Ángeles, donde estuvo confinado por tres semanas. El joven, Marvin Velasco, sostuvo en una entrevista que durante esas tres semanas ese pariente lejano le privó de comida.

Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero no fue así, dijo Velasco.

A diferencia de la exhaustiva revisión obligatoria en casos de padres adoptivos a escala nacional, la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Asistencia Social había dejado de exigir que sus trabajadores sociales averigüen los antecedentes penales o les tomen las huellas digitales a la mayoría de los patrocinadores, para la época en que Velasco fue llevado al apartamento del padre de su cuñado. Ningún profesional fue al apartamento antes de la llegada del niño, ni fue a enterarse de cómo iban las cosas después, dijo Gina Manciati, abogada del menor.

Velasco afirmó que había otras nueve personas en el apartamento y que su pariente les exigía el pago de la renta y si trataban de huir serían castigados. Cuando Velasco le comunicó al pariente que quería ir a la escuela, el hombre llamó a la familia en Guatemala y amenazó con botar al niño de la casa si no le daban dinero.

Con ayuda del hijo del patrocinador, Velasco se escapó y llegó a una iglesia, donde conoció a uno de los feligreses, que se convirtió en su representante legal. Ahora vive con una familia de inmigrantes guatemaltecos que lo tratan como si fuera su hijo.