Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles, pero no por ello debe dejar de señalarse: uno de los peores actos de violencia que pueden cometerse en contra de un ser humano es el abuso sexual. Y cuando el abuso se perpetra en contra de un menor de edad la ofensa que tal acto le causa a la sociedad es mayúscula.

Ningún argumento puede, bajo ninguna circunstancia, justificar que un menor de edad sea violentado en su intimidad y obligado a una práctica para la cual no se encuentra mental ni físicamente preparado. Ningún argumento puede paliar el daño que a un niño le causa un ataque de esta naturaleza.

Por ello, el abuso sexual en contra de niños —o de cualquier individuo— debe ser condenado sin ambigüedades por todos los miembros de la sociedad y debe ser castigado con absoluto rigor y sin contemplaciones de ninguna especie, a fin no solamente de que los perpetradores de tal delito paguen la afrenta cometida, sino que se prevengan nuevos ataques.

Porque el principal objetivo —y esto debe recalcarse— no debe ser sólo castigar a los abusadores sexuales, sino que tal práctica sea erradicada, pues lo realmente importante es que no se sume ni una víctima más a la dolorosa lista de quienes han debido padecer un ultraje semejante.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al caso de presunta violación cometida por un miembro del Ejército Mexicano en contra de una menor de edad —de 14 años— a la cual habría secuestrado junto a otra menor de 12, de la cual también pretendía abusar.

Para fortuna de la segunda, elementos de la Policía Municipal, alertados por los familiares de las menores, localizaron el lugar donde las mantenía retenidas, irrumpieron en éste y lograron rescatarlas.
El episodio constituye, sin duda, un hecho abominable, una historia de esas que nos gustaría creer que nunca ocurrirán a unos pasos de nosotros, porque sólo se registra en otras partes del mundo, en comunidades integradas por individuos perturbados que no habitan entre nosotros.

Pero justamente por ello, y porque lo importante es que episodios como éste no se repitan, es que no solamente debemos indignarnos y exigir castigo en contra del presunto responsable. 
Adicionalmente debemos ocuparnos de entender las razones por las cuales este episodio se registró, a fin de eliminarlas y evitar que prohijen un nuevo ataque en contra de los seres más indefensos de nuestra comunidad.

El Ejército, las autoridades responsables de la investigación y, sobre todo, los organismos dedicados a la atención de los menores y la familia, deben colaborar para indagar las causas detrás del ataque y, a partir de esta información, diseñar medidas tendientes a garantizar la plena protección de nuestros hijos.

Castigo sin contemplaciones a los abusadores de menores, pero también acciones preventivas eficaces que impidan el surgimiento de nuevas víctimas.