Uno de los peores efectos que el desempeño de los agentes del estado puede tener en una sociedad democrática es el que se registra cuando, debido a un abuso en el ejercicio de las funciones, se pone en riesgo el bien más preciado que tenemos los seres humanos: la libertad.

En teoría, conforme se avanza en el perfeccionamiento de las normas que rigen la convivencia social y las autoridades civiles expresan compromisos con el respeto a los derechos humanos de las personas, los abusos van disminuyendo o se van haciendo excepción.

Sin embargo, de acuerdo con la estadística que publicamos en esta edición, no necesariamente está registrándose una disminución en el ejercicio indebido de las funciones públicas al ritmo que quisiéramos. En particular, no parece estar ocurriendo tal cosa en el terreno de la actuación policiaca.

Y es que de acuerdo con cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al menos una vez a la semana, en promedio, una corporación policial de Coahuila (municipal o estatal) es objeto de una queja ante dicha instancia, porque sus elementos le “inventan” delitos a las personas.

No faltará quien considere que 50 denuncias al año, en promedio, es un número “pequeño” y que dicha cifra retrata más bien a las policías de nuestra entidad como corporaciones cuyos elementos son respetuosos de los derechos de la ciudadanía.

Pero incluso una queja es demasiado. Porque aquí estamos hablando de una actuación indebida que se traduce en el arresto de una persona, es decir, de la privación de su libertad -aunque sea de forma temporal- y eventualmente de algo más, pues el arresto puede someter a la estigmatización de esa persona frente a la comunidad.

La existencia de múltiples quejas en contra de las policías coahuilenses habla de carencias en el proceso de capacitación de los elementos policiales, así como de una reacción deficiente -por decir lo menos- frente a una estadística que en los últimos seis años se ha mantenido.

¿Por qué los gobiernos estatal y municipales de Coahuila no han actuado en consecuencia frente a la reiteración de las quejas? ¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos no ha utilizado las herramientas a su alcance para obligar a las autoridades respectivas a corregir la actuación de sus elementos?

No estamos hablando de un hecho menor, sino uno de la mayor gravedad que no puede “justificarse” asegurando que en la lucha contra la delincuencia eventualmente se cometen algunos excesos, pero que ese es “el precio que debemos pagar” por una seguridad pública eficaz.

Lejos de tal posibilidad, lo que las sociedades democráticas requieren -y exigen- es que se logren ambos propósitos al mismo tiempo: garantizar la seguridad de cada persona en lo individual, al tiempo que se respetan escrupulosamente los derechos humanos de la ciudadanía.

Ese es el reto que tienen ante sí las autoridades civiles y, por lo menos hasta ahora, no lo están superando.