En un informe de más de 700 páginas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció lo ocurrido el 22 de mayo del 2015, en un supuesto enfrentamiento armado que dejó 42 civiles y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.  Casi la mitad de esas personas fueron ejecutadas arbitrariamente por los policías que incurrieron en abuso de la fuerza.

A eso se suman actos de tortura, manipulación de los cuerpos, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades más.

El informe apoyado en más de 150 peritajes, reportes y pruebas recabadas por la CNDH, también muestra como la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) mintió en sus informes sobre lo ocurrido en Tanhuato y en las declaraciones públicas que se difundieron tras el hecho, en las que negaban haber cometidos irregularidades durante el operativo.

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Animal Político resume las claves que se desprenden de esta investigación de la CNDH asentadas en la Recomendación 4VG/2016  que la CNDH dirigió a la CNS y al gobierno de Michoacán por lo que considera graves violaciones a los derechos humanos, y que también servirá de punto de partida para presentar una denuncia ante la PGR.

La versión  oficial

El parte oficial de la Policía Federal, incluido como punto de partida del informe de la CNDH, sostiene que a las 8:30 de la mañana del 22 de mayo, al “realizar funciones propias de disuasión y en seguimiento a un oficio de investigación”, un convoy de la dependencia que circulaba en la carretera Nogales México fue atacado a balazos por los “tripulantes de una camioneta marca Toyota blanca”.

El parte señala que se repelió la agresión por lo cual se inició una ·”persecución” de la camioneta, que concluyó cuando  el vehículo ingresó al “Rancho Del Sol” y se impactó contra un árbol en el interior del predio. Eso “dio inicio a un enfrentamiento armado”.

Ante la potencia de fuego de los agresores, según la Policía Federal, el grupo inicial de 41 agentes  pidió refuerzos, llegando al sitio 54 agentes más con el apoyo de un helicóptero artillado. El saldo final fue de 42 presuntos civiles muertos, un policía fallecido, otro lesionado, y tres detenidos.

“En Tanhuato no hubo una sola ejecución, todo se trató de un enfrentamiento”, declaró tres días después de aquellos hechos el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo. La CNS recalcó lo anterior sosteniendo que pruebas químicas confirmaban que todos los civiles muertos dispararon armas de fuego.

Se dijo que el helicóptero se utilizó como un “mecanismo de disuasión”, que se pidió primero a los civiles que se rindieran pero estos respondieron a balazos.

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La realidad según la CNDH

La Policía Federal falseó la información de lo ocurrido, según la CNDH. Las evidencias recabadas por el organismo  evidenciaron que nunca hubo ninguna persecución de un vehículo blanco ni un ataque previo en la carretera contra los policías, como la versión oficial argumenta. Es más, los hechos no iniciaron a las 8:30 de la mañana sino dos horas antes y en una situación muy distinta.

“Se pudo establecer que entre las 6:00 y 7:00 horas del 22 de mayo, servidores públicos de la Policía Federal ingresaron de manera sigilosa al rancho, aseguraron a las personas que estaban en la entrada y posteriormente se llevó a cabo el operativo en el interior, lo que contradice la versión oficial”, establece el informe que derivó en una recomendación.

Fotos evidencian que 17  cadáveres estaban descalzos y algunos vestían solo una trusa, lo que permite presumir que estaban dormidos cuando comenzó “el operativo”.

La CNDH señaló que del cruce de evidencias y testimonios, entre ellos del personal de Protección Civil del municipio,  de vecinos y de testigos, se establece que todo inicio entre las 6 y 7 de la mañana. Fue a las 8:30 de la mañana cuando llegó el helicóptero artillado de la Policía Federal.

Animal Político publicó el 25 de mayo de 2015 las versiones de testigos que corroboraban que los federales entraron en realidad de forma sigilosa, y que el helicóptero artillado estuvo disparando sin cesar, no de forma disuasiva. Los testimonios y pruebas de la CNDH  corroboran lo anterior: el helicóptero hizo más de cuatro mil detonaciones.

“No tuvieron oportunidad” señalaron los testimonios recabados por este portal. La comisión  confirmó que en efecto, por lo menos 22 de ellos perdieron la vida víctimas de abuso de autoridad.

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Ejecuciones arbitrarias

La CNDH estableció que si bien los civiles murieron con disparos de larga distancia, como lo dijo la Policía Federal, las pruebas confirman que en 22 casos, el uso de fuerza letal en contra de estas personas no fue “racional ni proporcional”, lo que de acuerdo con el “Protocolo de Minnesota” se califica como “ejecuciones arbitrarias”.

“La distancia  del disparo no es el único elemento para determinar una ejecución arbitraria. En el presente asunto se advirtió que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto a sus victimarios; en 5 casos el disparador se encontraba en un plano superior, desde el helicóptero”, resume el informe.

A esto se suma el caso de una persona que aunque ya estaba lesionada fue quemada con vida, así como tres casos de personas que ya sometidas fueron asesinadas.

En el caso de las 13 personas que tienen disparos en la espalda, los cuerpos de ocho de ellos quedaron en una parcela localizada la norte del rancho en una zona abierta, por que corresponderá a las autoridades determinar si fueron emboscados cuando intentaban darse a la fuga.

Además de estas 22 ejecuciones, la CNDH estableció que en otros cuatro casos hubo exceso de fuerza aunque no se pudo acreditar la intencionalidad de asesinarlas por las ubicaciones en donde se encontraron los cuerpos. Por ejemplo, hubo una persona que murió a consecuencia de un incendio que provocó el uso excesivo de los disparos hechos desde el helicóptero.

Escena contaminada

La revisión de todo el expediente, de las fotografías de distintas fuentes y los peritajes realizados por especialistas de la CNDH acredita que la escena del crimen fue contaminada para alterar múltiples evidencias.

El informe destaca, por ejemplo, que a 11 de las víctimas les fueron colocadas armas de fuego deliberadamente. Esto se aprecia en fotografías donde a un costado de ellos aparece un arma y en otra foto un arma distinta, o simplemente donde no había un arma antes y después sí.

Otro ejemplo de la manipulación fue que uno de los cuerpos presentaba un impacto de arma de fuego que entró por el pectoral y salió por la región perineal, pero el pantalón con que fue encontrado no presentaba rastros de sangre, lo que permite presumir que se lo pusieron ya muerto. Por lo menos siete de los cuerpos encontrados fueron movidos de la posición original.

¿Cómo fue posible todo esto? La CNDH destaca que durante al menos cuatro horas luego de concluido el enfrentamiento, la Policía federal no permitió el acceso a los peritos.

Todas estas anomalías, sugiere la CNDH, impiden establecer las circunstancias en que perdieron la vida otras 16 personas en el rancho, pero no se descarta que también hubieran sido ejecutadas.

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La tortura

El informe establece que dos de las personas detenidas en el rancho fueron víctima de actos de tortura, toda vez que de las evidencias recabadas se advierte que fueron sometidos a un “sufrimiento severo” luego de que los agentes de la Policía Federal los obligaron a presenciar la ejecución de tres personas del rancho.

“Posteriormente fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio sobre los motivos  por los que se encontraban en el inmueble, la ubicación de armas y drogas, entre otros, mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares”, concluye la CNDH.

Peritajes  a modo

El trabajo pericial realizado luego del enfrentamiento por la Procuraduría de Michoacán fue incompleto, erróneo e ineficiente según el informe, lo que también representa violaciones a derechos humanos.

En el caso de los peritajes para verificar si los civiles abatidos dispararon, la prueba de rodizonato de sodio y la de absorción molecular señalan en los 42 casos que fue así, sin embargo, la CNDH estableció que la prueba omitió detectar uno de los tres elementos que se requieren. El motivo de la Procuraduría fue que no lo hicieron “por falta de presupuesto”.

A lo anterior se suma que del análisis de las constancias ministeriales del lugar de los hechos se detectaron “prácticas no idóneas” para referir características del sitio, mientras que las fotos no se tomaron con la técnica pericial adecuada.

Por otro lado se descubrieron irregularidades en las 42 necropsias de los cadáveres. En algunos casos se encontraron versiones distintas de un solo dictamen. Los cuerpos fueron apilados en un cuarto del Servicio Médico Forense de Morelia con hielo y aserrín. Esto entre otras anomalías.

Las recomendaciones

Por violaciones graves a derechos humanos la CNDH emitió seis recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad. La primera de ellas es colaborar con la indagatoria en la PGR que se inicie para determinar la responsabilidad de los mandos y elementos que resulten responsables del abuso de la fuerza que derivaron en la ejecución de 22 personas en Tanhuato y de los actos de tortura descritos.

La segunda es que se reparen o daños ocasionados a los familiares de las 22 personas ejecutadas arbitrariamente y se inscriba a todos ellos en el Registro Nacional de Víctimas. La tercera que se diseñe e imparta un curso integral de derechos humanos a la Policía Federal. La cuarta que se actualicen los Lineamientos Generales que Regulan el Uso de la Fuerza pues estos datan de 2012 y corresponden a la inexistente Secretaría de Seguridad Pública.

La quinta recomendación es que se giren instrucciones para que se proporcionen equipos de videograbación a los agentes de la Policía Federal que permiten evidenciar las acciones que realizan, y la sexta es que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones sobre la legalidad de los agentes en operativos, hasta que no se cuenten con resultados de una indagatoria.

Por otro lado la CNDH extendió dos recomendaciones al gobierno de Michoacán, la primera de ellas para que se colabore con al Comisión en la denuncia que se presentará ante al Procuraduría por la actuación deficiente de peritos y servidores públicos que incurrieron en irregularidades en la indagatoria relacionada con los decesos en el rancho.

La segunda es para que se imparta un curso integral a todos los servidores públicos de la Procuraduría en materia de derechos humanos y específicamente en aplicación del protocolo de Autopsia, así como de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia.