La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el miércoles un informe en el que considera acreditado que 15 menores sufrieron abusos sexuales en 2017 en un centro de preescolar de Chapala, Jalisco, y cree que otros 43 niños podrían haber sido víctimas de violencia similar.

La CNDH agregó que tales delitos no fueron investigados correctamente en su momento, por lo que pide a las autoridades retomar las pesquisas y reparar de forma integral a las víctimas.

Los abusos fueron denunciados en abril de 2017 por padres de los menores y han sido probados en el caso de 10 niñas y 5 niños. Pero según las indagaciones de la CNDH, al menos otros 43 menores —cuyas identidades no fueron establecidas— también podrían haber sido afectados, “lo que implica que el número total de víctimas serían al menos 58”, alerta el informe.

La comisión explicó que tres funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco no supervisaron las condiciones en que se impartían clases extracurriculares en ese centro, “lo que derivó en actos de violencia sexual”.

El informe relata que algunos menores sufrieron lesiones, otros fueron sujetos a tocamientos, o se les obligó a realizar actividades sexuales o a ser “espectadores” de todos los abusos.

La fiscalía del estado “incurrió en omisiones e irregularidades durante la integración de dos carpetas de investigación iniciadas por estos hechos”, y los peritos “cometieron diferentes anomalías en la emisión de dictámenes periciales relativos a las valoraciones médicas y psicológicas” practicadas a los niños, concluye la CNDH. 

Ante estos hechos, la CNDH pidió a las autoridades de Jalisco el pago de una indemnización justa y otorgarles a las víctimas atención psicológica y médica, así como investigar a los presuntos responsables directos e indirectos de los abusos y que se emita una disculpa pública por las violaciones graves cometidas.

Aconsejó también tomar una serie de medidas para prevenir nuevos casos de abusos sexuales a menores, atender de forma especializada a los afectados por este tipo de violencia, revisar la situación de otras escuelas y analizar la pertinencia de colocar cámaras en los centros para monitorear sus actividades.