Abrogar la Ley de Aguas Nacionales como lo plantea la 4T es riesgoso, advierte Víctor Lichtinger Waisman
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Abrogar la Ley de Aguas Nacionales como lo plantea la 4T es riesgoso, advierte Víctor Lichtinger Waisman
El presidente del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Víctor Lichtinger Waisman, alertó sobre el riesgo que constituye la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas, en los términos planteados por las iniciativas presentadas por diputados de Morena y del Partido del Trabajo.
En entrevista, el experto en asuntos relacionados con ese elemento y quien fuera secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sexenio del presidente Vicente Fox, afirmó que de ser aprobada cualquiera de las cuatro iniciativas presentadas (tres de Morena y una del PT) o una combinación de las cuatro, pondrían en grave riesgo el sistema hídrico nacional e incluso, generaría problemas de paz social, además de que no resolverían los graves pendientes que enfrenta el país en ese sector.
Concretamente dijo que sería un desatino quitarle la facultad para el otorgamiento de concesiones del agua al Ejecutivo y asignárselo a consejos ciudadanos, tal como esas iniciativas pretenden, lo cual no puede ser porque se trata de un bien nacional.
La idea de los diputados de Morena y del PT es eliminar la corrupción que hay en el otorgamiento de concesiones para el uso de agua, quitándole la facultad al gobierno y entregársela a ciudadanos, lo cual, en opinión del experto, es loable, pero también es un desatino, que lo único que generaría es nuevos conflictos. “De prosperar ese tipo de iniciativas lo que ocurrirá son una escalada de amparos”.
Argumentó que el único facultado para otorgar concesiones para el uso de agua es el Ejecutivo. “Es inconstitucional pasarle la responsabilidad a la sociedad. La sociedad no es autoridad”.
Dijo que lo que se debe hacer es lograr un gobierno eficaz, honesto, pero no pasarle sus responsabilidades a la sociedad.
El exfuncionario mencionó que también es un desatino la propuesta de los legisladores de acortar las concesiones y someterlas a revisión, cada dos años, por los consejos ciudadanos, lo cual es ilógico, ya que las concesiones tienen que dar certeza a los inversionistas.