El senador Ricardo Monreal presentó un proyecto de iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla regular el servicio de redes sociales, y con ello, se abre la puerta a la posibilidad de vulnerar la libertad de expresión que se ejerce a través de estas plataformas digitales. 

Si bien es cierto el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, porque tiene como límites vulnerar la intimidad o el honor de otras personas, y también, cuando supone una incitación al odio o la violencia, las empresas de los espacios sociodigitales ya han establecido sus propios mecanismos para evitar la proliferación de este tipo de mensajes, pues permiten a los usuarios reportar contenidos, dejar de seguir cuentas, comentar, bloquear, ocultar o denunciar perfiles. 

En este sentido, organizaciones de la sociedad civil como Article 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otras, y  personas expertas han considerado que la propuesta del senador presenta “múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, las cuales plantean una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital”.

Añaden la importancia de aplicar los principios de parlamento abierto para construir un diálogo en el cual se consideren argumentos basados en los estándares y los principios constitucionales e internacionales de derechos humanos.

Además, la iniciativa sólo se centra en la opinión pero no en la libertad de recibir, investigar, difundir y debatir, donde también es necesario considerar los derechos humanos de los usuarios de las plataformas. 

Por otra parte, en el ámbito mundial, se comienza a debatir en torno a una idea inquietante: la de que la libertad de pensamiento es todavía más fundamental que la libertad de expresión. De ser así, justifican los defensores de esa tesis, entonces, la infodemia ocasionada por un uso excesivo de la libertad de decir se presenta como un obstáculo para pensar libremente, al saturar el cerebro de información que en muchas ocasiones es falsa. 

Finalmente todo lo tecnológico está bajo el control de alguien. Hay quienes suponen que es mejor que sean las autoridades democráticamente electas las que regulen su uso y no individuos que solo estén movidos por maximizar sus utilidades. Como todo lo que está relacionado con este tema, deberá ser sopesado y conducir a decisiones que consideren el bienestar general y la perspectiva de derechos humanos.