Un ciudadano o una empresa, que compruebe daños por actos administrativos realizados por el Gobierno Estatal o cualquiera de los 38 municipios de la entidad, podría buscar una indemnización ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

El Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local para su discusión, una iniciativa de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios, la cual empezará a analizarse en el próximo período ordinario de sesiones.

“Garantiza los derechos de la ciudadanía y al mismo tiempo también resarce el daño patrimonial que pudiera tener o reclamar algún ciudadano por la mala actuación de la administración pública”, explicó Sandra Luz Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

Coahuila es una de las entidades que carece aún de una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Gobierno Estatal y los Municipios, la cual vendría a complementar el Sistema Estatal Anticorrupción, vigente desde hace poco más de un año.

“Es un gran avance, pero al final de cuentas también habría qué dimensionar hasta dónde. Creo que es importante la definición por parte del Congreso del Estado, porque estamos hablando de un tema presupuestal para las instituciones”, señaló Rodríguez Wong.

Legislaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones estatales y los municipios en el País contemplan que cualquier acto administrativo realizado por un ente público dependiente de estos dos órdenes de gobierno, con excepción de los concesionarios, permisionarios y notarios públicos, pueda ser sujeto a un juicio en caso de que exista un probable daño denunciado por una persona física, o bien por una persona moral.