Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son dos abogados que, como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tienen encomendado brindar apoyo jurídico, precisamente, a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en el caso del ingeniero José Antonio Robledo Fernández –raptado y desaparecido desde el año 2009–, estos abogados actúan en beneficio del presunto autor del delito, y no en el de la víctima, tal como denunciaron sus familiares.

El ingeniero José Antonio Robledo fue secuestrado en Monclova, Coahuila, el 25 de enero de 2009, y desde entonces se ignora su paradero. Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas y enfrentan juicio por esta desaparición, entre las cuales está Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano, operador financiero de Omar Treviño, líder del Cártel de Los Zetas.

Según declaraciones de distintos testigos, El Plátano operaba una red de talleres mecánicos en Coahuila, en los que se brindaba servicio a patrullas y vehículos gubernamentales, así como a los vehículos blindados del crimen organizado. En uno de estos talleres, según investigaciones oficiales, pudo estar temporalmente el ingeniero Robledo, luego de ser secuestrado.

Tal como denunciaron los padres del ingeniero Robledo, los abogados defensores de este presunto operador de Los Zetas han logrado diluir los principales cargos que se le imputaban, como crimen organizado, y en la actualidad sólo enfrenta dos delitos: portación de arma prohibida y secuestro (por su probable implicación en el rapto del ingeniero).

Para debilitar esta acusación por secuestro, la defensa de El Plátano ha venido coordinándose, al menos desde agosto de 2016, con los dos abogados que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas designó para apoyar a los padres del ingeniero Robledo, tal como denunciaron.

“La CEAV nombró a estos dos abogados como nuestros representantes legales, sin pedir nuestra autorización, ni avisarnos siquiera –denunció Guadalupe Fernandez, madre del ingeniero José Antonio Robledo–, y ellos mismos, de nombre Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro, jamás se han comunicado con nosotros para presentarse, o para ver en qué nos apoyan.”

En cambio, abundó, en septiembre, noviembre y diciembre de 2016, estos abogados se coordinaron con la defensa de El Plátano, para establecer la realización de nuevas audiencias en beneficio del acusado. Con la aprobación que brindaron estos abogados, la familia del ingeniero Robledo quedó obligada a presentarse nuevamente a rendir declaración, pero ahora para que su defensa del imputado fortalezca sus alegatos.

“Nosotros nunca nos negamos a rendir declaración –subrayó la madre del ingeniero Robledo–, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer el paradero de nuestro hijo. Pero aquí viene lo peor: estos abogados de la CEAV han autorizado las audiencias en tres ocasiones (septiembre, noviembre y diciembre de 2016), y en las tres ocasiones, estos mismos abogados de la CEAV han autorizado que las audiencias se pospongan, con el objetivo de darle más tiempo a la defensa, pero sin avisarnos nunca a nosotros, a quienes dicen representar.”

Se trata, concluyó la señora Guadalupe Fernández, de una “estrategia de desgaste, eso es lo que hacen con las familias de las víctimas para debiitarnos, para desesperarnos y hacer que desistamos, que dejemos perder los casos, y es indignante que estas acciones las hagan en acuerdo con la CEAV”.

En una búsqueda a través del portal de obligaciones de transparencia del gobierno federal, se pudo confirmar que Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el cargo de “Abogado A”.

Animal Político se comunicó con la CEAV para conocer su postura en torno a esta denuncia y, a través de Alfredo Méndez, director de Comunicación Social del organismo, se informó que “no hay comentarios”.