Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

Luego de haber asesorado legalmente por más de cinco meses a los deudos de Emma Gabriela Molina Canto –madre de familia que peleó durante años por encontrar a sus hijos raptados, y quien fue asesinada en marzo de 2017-, el abogado yucateco David Araba Dorantes Cabrera asumió la defensa de los dos autores materiales del crimen, capturados momentos después de los hechos y quienes confesaron haber cobrado 30 mil pesos cada uno por matar a la mujer.

“Este abogado nos estaba asesorando en el proceso penal contra los dos detenidos –explicó Ligia Canto, madre de Emma Gabriela–, él tuvo acceso a toda la información que nosotros hemos recabado, él tuvo conocimiento de la teoría del caso armada por el Ministerio Público para demostrar la culpabilidad de estos asesinos, y conoció todos los demás elementos que tenemos como prueba en contra tanto de ellos, los autores materiales, como de los autores intelectuales”.

Sin embargo, continuó, “en la segunda audiencia del juicio contra los dos detenidos, que se dio a finales de octubre, los abogados de estos dos asesinos anunciaron que dejaban el cargo, y cuál fue mi sorpresa cuando veo a David Araba Dorantes Cabrera entrar al juzgado, anunciando que ahora él va a defender a esos dos criminales.”

Lucha a muerte

Antes de ser asesinada, Emma Gabriela libró por varios años una lucha sin tregua por recuperar a sus tres hijos, cuya custodia ella tenía asignada en el momento en que fueron sustraídos, en 2012, por su progenitor, el político tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda.

Luego de raptar a los tres menores en Yucatán (con la complicidad de agentes judiciales tabasqueños), el progenitor promovió una acusación por robo de auto en contra de Emma Gabriela, cargos falsos por los cuales ella fue detenida y llevada a una cárcel de Tabasco, donde pasó cuatro meses recluida, hasta que fue declarada totalmente inocente, por inexistencia de delito.

Cuando Emma Gabriela recuperó la libertad, el paradero de los tres niños era desconocido, por lo cual la PGR los declaró formalmente víctimas de “sustracción”, y emitió una ficha de alerta y orden de búsqueda en todo el país.

En los hechos, no obstante, la búsqueda fue realizada sólo por Emma Gabriela y su madre, Ligia, sin apoyo de ninguna autoridad, por lo que a finales de 2012 iniciaron una huelga de hambre frente al palacio de gobierno de Yucatán.

El 21 de diciembre de ese año, a dicho edificio oficial llegó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para un acto político, antes del cual el mandatario se aproximó al campamento de Emma Gabriela.

Ella aprovechó la situación para solicitarle a Peña Nieto su ayuda para encontrar a los tres niños raptados, cuya custodia legal aún tenía asignada.

En respuesta, la esposa del presidente, Angélica Rivera, le prometió a Emma Gabriela y a Ligia un respaldo que nunca llegó.

De hecho, 15 meses después de esa promesa, contra Emma Gabriela nuevamente se presentaron cargos falsos ahora por un fraude que supuestamente había cometió en la Ciudad de México, en las mismas fechas en que, en realidad, ella se encontraba injustamente encarcelada en Tabasco.

Por esa denuncia, Emma Gabriela pasó dos años escondida, prófuga.

Luego, en agosto de 2014, esos mismos cargos de fraude fueron usados para incriminar a la abuela de los menores, la señora Ligia, quien fue detenida por la PGR y pasó dos semanas en una prisión de máxima seguridad, hasta que finalmente el Ministerio Público federal reconoció que no había elementos para sustentar ninguna acusación contra Ligia, ni contra Emma Gabriela.

Nunca se investigó a los funcionarios públicos (tanto del gobierno federal, como de los gobiernos de Yucatán y de Tabasco) participaron en esta fabricación de delitos en contra de Emma Gabriela y la señora Ligia.

Sin embargo, el acoso judicial desatado contra madre y abuela concitó la solidaridad ciudadana no sólo en Yucatán, en donde hubo diversas protestas para exigir el rescate de los menores y el cese del hostigamiento contra Emma y Ligia, sino en todo el país, en donde diversas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres alzaron la voz en contra de esta cadena de abusos.

Casualmente, cuando esta presión ciudadana cumplía dos meses, en octubre de 2014, las autoridades lograron lo que no habían podido en los dos años previos: ubicar el lugar en donde ocultaban a los menores, a los que les habían cambiado los nombres, y rescatarlos.

Días después, el mismo político tabasqueño (operador financiero del ex gobernador preso Andrés Granier) fue detenido por los cargos de sustracción de menores y lavado de dinero.

Así, Emma Gabriela finalmente pudo recuperar a sus hijos e iniciar un proceso de reintegración familiar, en un nuevo hogar en Yucatán, que avanzó positivamente durante los siguientes dos años y medio.

En marzo de 2017, no obstante, dos personas de origen tabasqueño abordaron a Emma Gabriela cuando ingresaba a dicho hogar, y la acuchillaron en el corazón.

Gracias a la intervención de vecinos, los atacantes fueron localizados, detenidos momentos después y acusados formalmente de homicidio doloso.

En su declaración ministerial, ambos reconocieron haber obtenido 30 mil pesos cada uno por cometer el crimen, de gente que los contrató en Tabasco y los trasladó hasta la casa de Emma Gabriela, en Yucatán.

A partir de esta declaración, las autoridades fincaron cargos por feminicidio en contra del político tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda (quien ya cumple una condena de 11 años de por lavado de dinero), como presunto autor intelectual del asesinato.

“A los dos atacantes no los acusaron de feminicidio, sino de homicidio doloso, alegando que ellos no tenían antecedentes de violencia familiar contra Emma Gabriela”, explicó Ligia, sorpredida.

“A raíz del asesinato de mi hija, al Código Penal de Yucatán le agregaron nuevas causales para determinar un caso de feminicidio, entre las que está haber recibido un pago por cometer el crimen, pero esa reforma no alcanza a los acusados en nuestro caso.”

El abogado...

Lee la nota completa en Animal Político