CDMX.- El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, adelantó este jueves por la noche que no cederán hoy viernes copia del acta de entrega-recepción de cuando su clienta dejó la Secretaría de Desarrollo Social a José Antonio Meade.

Felipe de Jesús Delgadillo, el juez de Control que vinculó a Robles a proceso por ejercicio indebido del servicio público, dio el martes tres días a la defensa de la exfuncionaria, que se vencen este viernes, para entregar el documento el cual consideró una “joya”.

En entrevista, Hernández Barros consideró ilegal la medida, ya que en “México los jueces tienen una labor solamente de expectación, ellos resuelven por supuesto, pero no pueden investigar, esa investigación la tiene que hacer necesariamente el Ministerio Público”.

“Y menos a pedirle documentos a la defensa que pudieran ser incluso auto intimidatorios, que no lo es, pero por un principio de racionalidad yo no puedo permitir que un juez le pida a la defensa que entregue documentos relativos a la propia defensa”, agregó. 

Ante esto, el abogado aseguró que a través de un juicio de amparo le están pidiendo “a un juez que no se entregue este documento; es decir nosotros no podemos tomar una actitud de rebelión, hemos dicho que vamos a cumplir con la ley y lo vamos a seguir haciendo a través de un juicio de amparo contra esa instrucción del juez que no solo es ilegal, sino una instrucción sarcástica, grosera pedirle a la defensa que entregue documentos”. 

Prepara la defensa denuncia por obstrucción de la justicia

La defensa legal de Rosario Robles Berlanga analiza presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y otra de carácter administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal, contra el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por obstrucción de la justicia y presuntas anomalías en la vinculación a proceso.  

Después de visitar la tarde del jueves a la exsecretaria de Desarrollo Social  en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla el abogado Julio Hernández Barros adelantó que recaban las pruebas necesarias para acreditar la presuntas irregularidades cometidas por el juzgador al dictarle a su cliente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a pesar de que demostró residencia de más de 20 años en la capital del país.  

“Estamos buscando por dónde y no quiero adelantarme, ustedes saben a lo que me refiero, de la investigación que estamos haciendo sobre el juez, no quiero adelantarme, pero sí estoy cierto hay conductas delictivas de por medio”, indicó el litigante.