Jueces, secretarios, actuarios del Poder Judicial del Estado de Coahuila han sido sancionados con inhabilitaciones temporales y hasta con su baja definitiva por haber sido culpables de dilación o de recibir dinero por parte de involucrados en los casos que se presentan en Centros de Justicia, informó Miguel Mery Ayup, quien preside el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cuando inició su administración, se dio a conocer que existían 250 procesos administrativos en contra de jueces y otros servidores públicos, al momento se están atendiendo y algunos (sin especificar cantidades) ya han sido sancionados.

“Sí han sido sancionados algunos, no tengo el dato aproximado, no solo para jueces, sino para secretarios, actuarios.

“Desde la inhabilitación temporal hasta los casos como un actuario de San Pedro que fué cesado por un proceso administrativo disciplinario, otros más que se han abierto los mismos servidores públicos han tenido que retirarse y renunciar por su culpabilidad de pedir dinero”, dijo.

Agregó que otra de las quejas contra servidores públicos, son la dilación, es decir la presunción que un juez pueda estar apoyando a más de alguna de las partes de un proceso.

Dijo que de los 250 procesos administrativos, para finales de marzo, se estarían concluyendo al menos 100 de las carpetas de investigación.

“Porque algunos no tienen razón de quedarse abiertos, tienen dos o tres años y no existe alguna causa que perseguir dentro de éstos, hay otros que sí y los estamos siguiendo con toda precisión”, explica.

Aclaró que no se abren procesos administrativos para tener “ahorcados a los jueces, tampoco amenazados, “eso ya cambió”; mencionó que se abre un procedimiento administrativo con seriedad al momento que emiten queja contra los jueces u otros funcionarios.

“Yo mismo abrí el proceso administrativo en contra del juez Adrián para que rindiera su informe sobre el tema y en un tiempo determinado se dé lugar a una sanción”, agregó.