El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Tarek Abdala, que llegó a la LXIII Legislatura por la vía de la mayoría relativa, es decir, por el voto ciudadano en las urnas, en los próximos días podría dejar de ocupar la curul número 448.

Eso, si prospera la solicitud de desafuero en su contra, presentada desde enero pasado por la Fiscalía General de Veracruz, que lo acusa por el delito de peculado y el  desvío de más de 23 mil millones de pesos del estado de Veracruz, durante su cargo como tesorero del gobierno del ahora detenido Javier Duarte.

El diputado Abdala Saad ha tenido un desempeño legislativo discreto y de bajo perfil, pero constante.

Ha acudido prácticamente a todas las sesiones ordinarias en San Lázaro y al trabajo en comisiones, también optó por alejarse de la prensa y tampoco se ha destacado por participar desde la Tribuna.

A finales de enero, en una de las últimas entrevistas que se animó a conceder a los medios de comunicación, negó los señalamientos en su contra.

“No he desviado ningún dinero, más bien el tema es que no conozco cuál es la imputación. Para poderte dar una respuesta correcta y de frente tengo que saber cuál es la imputación y en este momento no la conozco”, dijo.

Rechazó temer al desafuero, tras asegurar que su trabajo en la Tesorería de Veracruz, fue legal.

“Yo entré a trabajar al gobierno de Veracruz, a la Tesorería en el 2012, entonces no hay relación o nexo alguno entre los temas, yo ni siquiera era funcionario en esos momentos, para que me entiendas. No, no existe ningún temor, yo aquí seguiré viniendo a la Cámara, estaré trabajando en mis comisiones, en mi distrito como lo he venido haciendo, porque tengo los elementos como para demostrar que mi trabajo al frente de la Tesorería fue un trabajo conforme a derecho”, argumentó.                

En año y medio de trabajo, el secretario de la Comisión de Economía e integrante de las comisiones de Juventud y Presupuesto; así como presidente del Grupo de Amistad México-Irak; e integrante de los grupos de amistad con Chipre y Líbano, prácticamente ha acudido a todas las sesiones del Pleno.

De septiembre de 2015 a diciembre de 2016 tuvo 97 asistencias; solo registró cinco inasistencias justificadas; dos permisos de la Mesa Directiva para no asistir; y una asistencia por cédula, es decir que físicamente no estuvo presente, pero su asistencia se contó como válida.

Durante 11 meses de trabajo efectivo en periodos ordinarios y los dos periodos extraordinarios de junio y julio del 2016, en los que se resolvieron el desafuero de la llamada “chapodiputada” Lucero Sánchez y las observaciones del Ejecutivo a la denominada “Ley 3 de 3”, el legislador propuso cuatro iniciativas, se adhirió a 13 proyectos presentados por otros diputados y suscribió 8 iniciativas ajenas.

En cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo, suscribió seis planteamientos de otros diputados; y solo hizo dos propuestas, una fue aprobada, y la otra desechada.

Los temas en los que ha concentrado su trabajo han sido el desarrollo rural, asuntos agropecuarios, apoyo a productores, justicia y combate al crimen organizado, electorales y protección al ambiente.

La Sección Instructora de la Cámara, instancia que analiza su caso, se comprometió a emitir un resolutivo respecto a si procede o no su desafuero, el próximo jueves 27 de abril o a más tardar, el viernes 28 de abril.