Cuando Miguel de Cervantes escribió el “El Quijote” en el siglo 17 no se imaginó que la novela sería usada como una herramienta en la batalla sobre la libertad de expresión en la España del siglo 21.

Desafiando la prohibición de publicar un libro sobre el tráfico de drogas, el gremio que agremia a los libreros de Madrid lanzó una herramienta digital que automáticamente toma 80,000 palabras de la clásica novela para reproducir el contenido del libro proscripto.

“El secuestro de este libro, que no se producía en España desde hace más de tres décadas, nos parece un ataque a nuestro sistema de libertades”, afirmó Fernando Valverde, del Gremio de Libreros de Madrid en declaraciones a la Associated Press.

El martes el portal ya no estaba disponible. Se ofrecía una explicación de una oración en la que se dice que fue levantado por una orden judicial.

La medida de los libreros es parte de una disputa política y legal sobre la libertad de expresión que se libra en España desde hace meses. Uno de los detonantes es la cancelación de una muestra fotográfica de presos políticos y las condenas a prisión de raperos por letras consideradas insultantes para con la familia real.

El libro prohibido es “Fariña” (Harina, aludiendo a la cocaína), publicado en el 2015 por el periodista Nacho Carretero, sobre el tráfico de drogas en Galicia. Se hizo una serie televisiva basada en el libro, que fue estrenada el mes pasado.

Entre otras cosas, el libro ofrece detalles de una investigación de tráfico de cocaína que involucró al ex político gallego José Bea Gondar.

Gondar acusa a Carretero y a su editor, Libros del KO, de empañar su reputación y quiere que se eliminen del libro las referencias a su persona. También pide 500,000 euros (620,000 dólares) en concepto de daños.

Un juez ordenó el mes pasado la suspensión temporal de las ventas, que por entonces llegaban a 35,000 ejemplares, mientras los tribunales analizan el caso.

La asociación de libreros publicó este mes "Finding Fariña en El Quijote”, una herramienta online que presenta como “una forma de defender la libertad y la libertad de expresión”.

Un click en el enlace baja lentamente la primera página del libro mientras uno ve sobre una columna de la derecha cómo la herramienta va buscando las palabras en El Quijote. La operación se repite con cada página. Para los nombres y palabras que no se usaban en la época de Cervantes, selecciona sílabas y las combina. No es fácil leer esta presentación, pero Valverde, del gremio de libreros, dice que eso es irrelevante.

El objetivo es “demostrar lo ridícula y anacrónica” que fue la decisión del juez en la era digital, señaló.

El juzgado no se pronunció por ahora en torno al portal, agregó.

Esta es apenas una de varias controversias recientes en torno a la libertad de expresión en España. Muchas personas consideraron que se estaba censurando la libertad artística cuando varios raperos fueron condenados a prisión el mes pasado por letras que supuestamente elogiaban a organizaciones terroristas, alentaban la violencia e insultaban a la corona española y a la policía.

También el mes pasado, un organismo auspiciado por el gobierno que coordinaba la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid fue acusado de censura al retirar una muestra fotográfica de “Presos políticos en la España contemporánea”. El organismo dijo que la polémica en torno a la muestra acaparaba toda la atención de la feria, pero posteriormente ofreció una disculpa e insistió en que la medida no fue un acto de censura.

En otro caso, mucha gente aplaudió cuando la Corte Europea de Derechos Humanos se pronunció en contra de unas protecciones que la justicia española ofrecía a la familia real. Este mismo mes el tribunal europeo apoyó a dos españoles que quemaron en público una foto del rey y la reina de España, diciendo que la protesta estaba amparada por la libertad de expresión. Habían sido sentenciados a 15 meses de cárcel.

También ha habido controversias similares en relación con la represión de presuntas amenazas terroristas, en una reproducción de un debate que se repite en toda Europa desde hace algunos años.

El artículo 578 del código penal español, que castiga a toda persona que “glorifica el terrorismo”, fue ampliado en el 2015, después de atentados en París que dejaron 130 muertos. Es tan abarcador que titiriteros que hacen sátiras políticas, periodistas, músicos y toda persona que usa las redes sociales pueden violar de un modo otro esa ley. Hay quienes piensan que la ley fue demasiado lejos.

“España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que estados de toda Europa limitan la libertad de expresión so pretexto de la seguridad nacional y arrebatan derechos so capa de defenderlos”, afirmó Eda Seyhan, responsable de campañas sobre política antiterrorista de Amnistía Internacional.

“Enviar a raperos a la cárcel por la letra de sus canciones y prohibir la sátira social demuestra hasta qué punto se han reducido en España los límites de la expresión aceptable online”, acotó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.