De 186 delitos cometidos entre 2010 y 2018 contra la libertad de expresión, en los que las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación, el 99.13% han quedado impunes, y solo en 10 casos se obtuvieron sentencias condenatorias, de acuerdo con el  informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, de Artículo 19.

En dicho informe se presenta y analiza el contexto de agresiones físicas; detenciones arbitrarias; hostigamiento y amenazas; fabricación de delito y proceso penal; tortura; desaparición, y homicidio u ejecución del que son víctimas los periodistas de este país.

Artículo 19 documentó desde el 2000 a la fecha un total de 123 periodistas asesinados en el país, de los cuales, 48 fueron en el sexenio de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto, y 3 más han sido en los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En tanto que de 2003 a la fecha, 24 periodistas continúan como desaparecidos.

El informe plantea que este nivel de impunidad en México, las graves violaciones a los derechos humanos y niveles de violencia se deben, en parte, a la “desdibujada frontera entre autoridades y grupos criminales”.

Argumentan que ante estas condiciones “la libertad de expresión y el periodismo se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo”.

Acusan que el Estado ha incumplido sus obligaciones de procuración e impartición de justicia para estos casos, con investigaciones que carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; además de contar con Fiscalías o Procuradurías que suelen desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

A través de la revisión cualitativa de 6 casos, Artículo 19 detectó que los obstáculos para conseguir justicia se enfrentan desde la investigación ministerial del caso, “donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas”.

Como consecuencia, no se logra el acceso a la justicia y los responsables o autores intelectuales de los delitos no son sancionados o castigados.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Del total de las 186 acusaciones turnadas a jueces penales, las cuales representan solo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE, solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión.

Con relación a los homicidios contra periodistas, la FEADLE registra 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y solo se han consignado o judicializado 4.

En cuanto al ejercicio “arbitrario y poco claro de la facultad de atracción”, la FEADLE solo ha atraído 57 casos desde mayo de 2013 a diciembre de 2018, lo cual representa solo un 7.7% de las 735 investigaciones iniciadas en ese periodo por las autoridades federales.

Los 6 casos analizados por Artículo 19 para este informe, que han sido acompañados y representados por ellos en los últimos cinco años, son:

Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.

Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.

Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, solo por cubrir una protesta social.

Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en Ciudad de México.

Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.

Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

En este contexto, el informe de Artículo 19 plantea recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos y los distintos poderes y niveles de gobierno.

La recomendación para las autoridades encargadas de la procuración de justicia es que “se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística”, pues “la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria”.

Igualmente piden a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, “a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión”, así como atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.

A la Fiscalía General de la República (FGR) solicita capacitar a su personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial.

“Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la impunidad que impera en este tipo de delitos”, para que “finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad”, concluyen.