El coronavirus tomó a 55% de los trabajadores sin seguridad social; y por lo tanto, sin la posibilidad de servicios de salud y prestaciones contra los efectos de la pandemia, informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo a las cifras del Inegi, en México existen más de 31.3 millones de trabajadores informales; quienes –precisamente- carecen de tales beneficios y tienen pocas posibilidades económicas para costear los daños del Covid-19.

A través del informe Respuestas de los países en desarrollo en materia de protección social ante el Covid-19, la OIT señaló que –a nivel mundial- sólo 20% de las personas desempleadas tienen derecho a una prestación de desempleo, “y en algunos lugares la cobertura es incluso inferior”.

Refirió que crisis sanitaria del coronavirus puso de manifiesto dos efectos adversos principales ocasionados por el déficit de cobertura en las prestaciones por enfermedad.

En primer lugar, señaló, esa carencia puede obligar a ir a trabajar a las personas que están enfermas o debieran autoconfinarse; aumentando así el riesgo de infectar a terceros.

En segundo lugar, puntualizó, la pérdida de ingresos –intensificada por la pandemia- aumenta el riesgo de pobreza de los trabajadores y sus familias; condición que  podría tener un efecto duradero en decenas de países.

La OIT, advirtió que, “aun cuando el virus no discrimina entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales”; por lo que tener acceso a servicios de salud asequible y de calidad –ahora- es “una cuestión de vida o muerte”.

Frente a este escenario, apuntó es imprescindible que los gobiernos y los encargados de diseñar e instrumental las políticas de salud  atiendan las siguientes recomendaciones:

Adoptar medidas urgentes y a corto plazo para resolver los déficits de cobertura y adecuación de las prestaciones de enfermedad. Ello trae una triple ventaja: apoyo a la salud pública, prevención de la pobreza, y promoción de los derechos humanos a la salud y la seguridad social.

Ampliación de la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población; asegurándose de llegar a las mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica o informal; así como los trabajadores por cuenta propia, a los migrantes y grupos vulnerables.

Aumentar la cuantía de las prestaciones al trabajador; con la finalidad de que éstas proporcionen seguridad de los ingresos; y ampliar su alcance a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones provocadas por el coronavirus.