El gobierno venezolano registró 5,287 muertes durante operativos de seguridad el año pasado, informó la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien denunció una elevada cifra de homicidios extrajudiciales.

El informe, que abarca los últimos 18 meses, se publica después del viaje de Bachelet al país sudamericano en junio y se basa en más de 550 entrevistas realizadas por su oficina de defensores de derechos humanos, víctimas, testigos de violaciones a los derechos y otras fuentes. Bachelet y sus equipos tuvieron cerca de 160 reuniones con actores del Estado y de otro tipo. La misma Bachelet, expresidenta de Chile, se reunió con el mandatario venezolano Nicolás Maduro el mes pasado.

Las autoridades del gobierno de Maduro contabilizaron 5,287 muertes durante operativos de seguridad que fueron clasificadas como “resistencia a la autoridad”, además de otras 1.569 este año hasta el 19 de mayo, indica el reporte. También menciona números independientes del Observatorio Venezolano de Violencia de al menos 7,253 homicidios de este tipo el año pasado, además de al menos 2,124 entre enero y mayo de este año.

“La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente alta”, señala la oficina de Bachelet.

Los entrevistados se referían de manera constante a las FAES como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”. Las ONG dicen que las FAES son responsables de cientos de asesinatos.

Entre más de 20 recomendaciones en temas como garantizar la libertad de prensa y proporcionar atención médica adecuada, Bachelet exhortó a desarmar y disolver los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”.

El reporte de un observador ostensiblemente imparcial como Naciones Unidas se publica cuando la crisis política interna de Venezuela en años recientes divide a la comunidad internacional. Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, muchos vecinos sudamericanos de Venezuela y naciones europeas, reconocen a Juan Guaidó como el gobernante legítimo del país, aunque Maduro permanece en el poder.

El gobierno de Maduro dijo que el informe tiene una “visión selectiva y abiertamente parcializada”.

Hay “importantes debilidades presentes en la metodología para su elaboración”, se privilegia fuentes “carentes de objetividad” y se excluye “casi en su totalidad la información oficial”, afirmó el gobierno venezolano en un comunicado difundido en la cuenta de la cancillería en Twitter.

Funcionarios venezolanos insistieron en que el reporte ignoró visitas realizadas en marzo por observadores de la ONU a cárceles, hospitales, programas de vivienda pública y centros de distribución de alimentos y medicamentos, y dijeron que “omite en su totalidad sus logros y avances” en el campo de derechos humanos.

El gobierno de Maduro pasa apuros para recuperar su imagen internacional, en especial mediante su reciente apertura a grupos internacionales como la Cruz Roja y agencias de la ONU, muchas de las cuales intentan atender las penurias de los civiles. Naciones Unidas afirma que más de cuatro millones de personas se han ido del país en los últimos años, lo cual afecta en particular a vecinos como Brasil, Colombia y Perú.

El informe destacó muchas conclusiones sobre temas ya conocidos dentro de la crisis económica y política de Venezuela: las secuelas de las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro, un tambaleante sistema de salud, aumento de las enfermedades, escasez de alimentos y problemas derivados de la imparable inflación. El documento mencionó la represión de oponentes políticos, las detenciones arbitrarias y los casos de tortura y trato cruel, como descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, ahogamiento simulado y violencia sexual.

“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”, afirmó Bachelet en un comunicado.

“Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, agregó.

Tamara Taraciuk Broner, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch, elogió el informe por exponer las violaciones a los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, señaló que el documento no incluyó una solicitud para que una comisión investigue las violaciones y exhortó a Bachelet a que señale claramente la responsabilidad del gobierno en la profundización de la crisis humanitaria.

Bachelet presentará hoy su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde Venezuela tendrá el derecho de réplica.