Casi 26 mil cartas provenientes de 40 países distintos, fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar el castigo a un grupo de militares vestidos de civil que torturaron y violaron a una joven en Tijuana, Baja California, el 2 de febrero de 2011, abusos que fueron denunciados hace cinco años sin que la averiguación previa haya avanzado.

Antes de entregar las misivas, seis mil de ellas dirigidas al nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, defensores de derechos humanos clausuraron de forma simbólica las instalaciones de esa dependencia, en protesta por la negligencia de tres procuradores y dos procuradoras que no han querido armar un caso sólido contra los integrantes del Ejército Mexicano que cometieron el abuso, por lo que ni siquiera se ha solicitado la comparecencia de los mismos.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, explicó que la clausura simbólica de PGR es una forma de dar a conocer la falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) que consintieron la tortura sexual que sufrió Miriam Isaura López en las instalaciones de la Segunda Zona Militar de Tijuana, Baja California, conocido como Cuartel Militar Morelos.

“Miriam fue detenida de manera arbitraria por militares vestidos de civil hace seis años en Tijuana, fue llevada al Cuartel Militar Morelos en esa ciudad fronteriza, fue torturada brutalmente, fue violada y se le buscó incriminar en diversos delitos, pero las acusaciones fueron desechadas por el Poder Judicial Federal un año después, se presentó una denuncia penal contra los responsables desde hace cinco años y hasta la fecha, ningún funcionario castrense ha comparecido ante la justicia”, afirmó.

El activista agregó que las violaciones a los derechos humanos en agravio de Miriam Isaura no fueron las únicas cometidas por elementos del Ejército Mexicano durante la aplicación del Operativo Conjunto Tijuana, ya que se tienen denuncias de violaciones a los derechos humanos en otros 95 casos, en las cuales también se involucran a fuerzas castrenses del Campo Militar Aguaje de la Tuna.

“Llevamos casi seis años de impunidad y a la fecha no hay ningún responsable rindiendo declaración ante la justicia, han desfilado cinco procuradores y seis fiscales de violencia contra las mujeres que no han querido acusar a ningún militar por las atrocidades cometidas en el caso de Miriam Isaura, hemos intentado todos los recursos legales sin que haya resultados, por eso decidimos recurrir a la solidaridad internacional”, puntualizó.

José Antonio Guevara agregó que el caso de esta joven torturada y abusada sexualmente es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro si se amplían las facultades de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública, por lo que se pronunció en contra de que el Congreso de la Unión otorgue manga ancha al Ejército y a la Marina en este rubro, debido a que legalizaría este tipo de abusos contra civiles.

“Se trata de un caso que no es único en ese cuartel militar, en esa zona, tanto en el Cuartel Morelos como en Aguaje de la Tuna, al menos 95 personas fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas en el contexto del operativo conjunto en Tijuana, entre los años 2009 y 20012. En el año 2011 iniciamos una campaña para demandar justicia en el caso de Miriam Isaura y hemos recibido desde entonces más de 26 mil cartas que ahora le mostramos a la sociedad mexicana, mismas que serán entregadas al Procurador para tratar de sensibilizarlo”, concluyó.