Chiapas.– Familiares de los 23 niños y niñas localizados en una vivienda en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, y de las tres mujeres que detenidas por presuntamente ser parte de una red de trata de menores que, de acuerdo a la Fiscalía, se localizó durante la búsqueda del niño Dylán, denunciaron que cada uno de los menores son sus familiares, no trabajan y sólo los adultos se dedican a la venta de artesanías.

Todos son originarios de la comunidad Chigtón, ubicada en el municipio de Ixtapa. Rentan juntos una casa en San Cristóbal, porque en ese lugar está su fuente de trabajo en el comercio informal.

Enereida Gómez Sánchez denunció que sus dos cuñadas y su hermana son las tres mujeres detenidas en el operativo del 17 de julio. También explicó que su padre y madre fueron detenidos dos días antes; que pensó que al tratarse de un malentendido, iban a ser liberados todos; pero esta semana su padre, Adolfo Gómez Gómez, apareció muerto en la celda a la que fue confinado, en el penal de esa ciudad.

“Yo esperaba que fuera liberado (su padre) porque es inocente, esperaba que lo hicieran de buena voluntad, porque no es delito estar trabajando”, dijo Enereida, mientras en compañía de otros miembros de su comunidad acudió a la Fiscalía de Justicia a exigir se aclarara toda la situación.

Durante la investigación para localizar al niño Dylan,la Fiscalía informó que localizó una “red de trata” de menores de edad que explotaba a 23 niños y niñas; sin embargo, el Fiscal Jorge Luis Llaaven Abarca reconoció que no había informes de que los menores localizados tuvieran algún reporte de desaparecidos, y que las mujeres detenidas –María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González–, decían ser sus madres.

Enereida Gómez Sánchez explicó que desde la detención de su padre y madre iniciaron los trámites legales para liberarlos. Sin embargo, todo se complicó cuando detuvieron a su hermana, a sus dos cuñadas, y se llevaron a los 23 niños, entre ellos cinco de ella.

Detalló que como familia rentaban la vivienda en la calle Granada 24 de la colonia Tlaxcala, que en ella estaban los 23 niños la mañana en que fueron detenidos, porque ese día las mujeres iban a salir a vender sus artesanías.

“Nos dedicamos a vender. Los niños quedaban encerrados en la casa mientras mi hermana y mis cuñadas salían a trabajar por la necesidad. Dicen que tenemos maltrato, que están desnutrido, sí, están desnutridos por la pandemia, porque no tenemos con que mantenerlos. Yo exijo una liberación. Nos somos secuestradores”, dijo la mujer.

Esta mañana, los padres de una de sus cuñadas acudió a las oficinas del DIF en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a presentar las actas de nacimiento de sus nietos, a exigir se los entregaran. A abogar por la liberación de la madre de ellos.

Enereida Gómez Sánchez señala que contra ella también hay una orden de aprehensión, y por eso no ha acudido a buscar a sus cinco hijos: José Antonio, Claudia Yanet, Erika Esmeralda, Berenice Guadalupe y Alondra Araceli Montejo Gómez.

“Exijo la liberación de mi madre, de mis dos cuñadas y de mi hermanita. Porque ahora dicen que están encerradas por maltrato”, demandó Enereida.

La Fiscalía de Justicia de Chiapas reconoció que su padre, Adolfo Gómez Gómez, murió en el penal “de suicidio por ahorcamiento”. Según Enereida, su padre fue torturado en diversas ocasiones, desde el inicio de su detención.

Llorando, Nereida narró que a su padre los policías lo interrogaron todo el tiempo sobre el paradero del niño Dylan Esaú, raptado en un mercado público del sur de San Cristóbal de Las Casas, sin embargo, su padre dijo no saber nada de ello y que nada tenía que ver con el caso, pero nunca le creyeron.

“El Gobierno debe perseguir y encarcelar a los que son culpables no a los que son inocentes, eso es lo que pedimos. Por culpa del Gobierno estoy muy dolida. Mi padre no era un delincuente. Mi padre sólo se ganaba el día trabajando en las calles vendiendo collares de ámbar”, dijo Nereida entre lágrimas.

Indicó que tras la muerte de su padre, dos pequeños –uno de cinco y otro de dos años– quedaron huérfanos, y que el único ingreso que tenían para vivir era el que su padre llevaba a casa todos los días producto de sus venta de collares de ámbar.

Reiteró que los acusan de ser secuestradores, cuando ellos en realidad son una familia numerosa y pobre, cinco familias diferentes, que apenas y les alcanzaba para vivir todos juntos, hacinados en una sola casa que rentaban entre todos.

Dijo que ella, sus hermanas y cuñadas, en promedio tienen cinco hijos por familia. Y que incluso ella, de los 23 niños que fueron llevados al albergue del DIF Estatal, cinco son de ella, que no fueron raptados, que ella los parió y que tampoco los explotaba laboralmente.

Pidió a la FGE y al DIF Estatal que le entregue a sus cinco hijos, y que también los otros pequeños sean entregados a sus abuelos maternos, ya que su padre ahora está muerto y su madre presa.

Explicó que el pasado 20 de julio le habló su papá desesperado y llorando por teléfono para pedirle que por favor le consiguiera 50 mil pesos, que le estaban pidiendo otros internos dentro del penal, esto como pago de cuota por sus ingreso y estancia en el penal.

Dijo que su papá era diabético, pero no murió por esa enfermedad, pero  el día que fue detenido, su padre fue “sacado a pasear” por varias horas por los policías ministeriales, quienes lo torturaron para que se auto inculpara del delito de trata de personas. Dijo que se declaró culpable de explotación laboral de los 23 pequeños, pero todo a base de tortura.

Un vocero de la FGE dio a conocer que el hombre murió por “suicidio por ahorcamiento”.