Estamos arrancando un nuevo año y con ello inaugurando una nueva época en el ejercicio del poder público en Coahuila: la de la irrupción definitiva de las mujeres en los cargos de elección popular, señaladamente en la integración del Poder Legislativo, donde el 56 por ciento de las bancas están ocupadas hoy por representantes del género femenino.

Y digo la irrupción definitiva porque 2018 será recordado, necesariamente, como el año en el cual inició, en términos reales, la transformación de los patrones socioculturales responsables de las múltiples formas de discriminación hacia las mujeres, entre ellas la relativa al acceso a los cargos públicos.

Porque, además de contar hoy con un Congreso de mayoría femenina, Coahuila tiene al frente de 14 de sus 38 ayuntamientos a una mujer, una cifra histórica con la cual viene a consolidarse el proceso de integración paritaria de los ayuntamientos locales, iniciado hace cuatro años.

Los números son reflejo de un proceso largo y sinuoso iniciado hace poco más de tres lustros (en 2001), cuando en nuestra entidad se introdujo -por primera ocasión en el país- una regla para garantizar a las mujeres al menos el 30 por ciento de las candidaturas partidistas al Congreso y a los ayuntamientos.

Cuatro generaciones de reglas y un buen número de sentencias de los tribunales electorales después, en Coahuila se ha consolidado un esquema normativo capaz de garantizar la paridad entre hombres y mujeres, no solamente en materia de candidaturas, sino en el terreno verdaderamente importante: el del acceso al poder.

Nunca como hoy, tantas mujeres se han encontrado en la posibilidad de tomar decisiones y de influir, desde su perspectiva, en el diseño de las políticas públicas, en la forma en la cual los ciudadanos nos relacionamos con el poder y en la manera en como las decisiones adoptadas -desde los distintos despachos- gubernamentales nos afectan a todos.

Pero -siendo una muy buena noticia la irrupción definitiva de las mujeres en la vida pública de la entidad- es imprescindible no perder de vista el detalle importante: la meta real no es de carácter cuantitativo, sino cualitativo y está relacionada al menos con dos aspectos de la vida común.

De un lado se encuentran los elementos culturales sobre los cuales se ha construido la discriminación hacia la mujer, es decir, los estereotipos de género según los cuales el ejercicio de poder, el mando, está reservado “de manera natural” a los hombres.

Del otro se ubica la necesidad de incorporar al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas el enfoque femenino, la perspectiva de quienes, siendo legalmente iguales a los hombres, poseen diferencias desde las cuales pueden -y deben- contribuir a mejorar el ejercicio del poder público.

Sobre esta segunda idea se ha construido, desde el ámbito universal de los derechos humanos, uno de los más importantes instrumentos para guiar la transformación de las sociedades machistas en comunidades incluyentes: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, de la cual el Estado Mexicano es suscriptor.

En el preámbulo de dicho documento, aprobado de forma unánime por la Asamblea General de la ONU, en diciembre de 1979, los estados que la integran declaran enfáticamente convencidos: “…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz…”.

Ésta es, desde mi perspectiva, la meta relevante del proceso cuyo capítulo definitivo está siendo escrito a partir de ahora: convertir la participación de las mujeres -en la vida pública del Estado y del País- en instrumento decisivo para nuestro pleno y completo desarrollo, el bienestar colectivo y la construcción de la paz social.

Por ello, más allá de sólo celebrar los números históricos de presencia femenina en el Congreso y los ayuntamientos, es preciso comenzar a medir el impacto de dicha presencia y la forma en la cual ésta se va convirtiendo paulatinamente en motor de cambio social.

Por otro lado, es imprescindible no caer en la trampa de creer agotada la agenda de la participación femenina en la vida pública: aún quedan muchos espacios de los cuales siguen siendo excluidas y allí también se requiere la formulación y puesta en práctica de reglas capaces de garantizarles un lugar en el futuro inmediato.

Queda por otra parte, aún intocado, el territorio de lo privado en donde la discriminación hacia las mujeres sigue siendo regla cotidiana e incluso se considera -erróneamente, desde luego- un espacio en el cual las normas de carácter general no pueden actuar.

No hemos llegado pues a la meta, pero sin duda se ha registrado un avance muy significativo. La mejor forma de celebrarlo será narrando cotidianamente las historias de éxito producidas por esta modificación del mapa político local.
¡Feliz fin de semana!

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