Poco, por no decir nada, se ha publicado acerca de un hecho importante para la opinión pública de Coahuila: la Auditoría Superior de la Federación cuantificó un faltante de 265 millones 770 mil pesos en el Municipio de Torreón, correspondiente al último año en que Miguel Riquelme lo administró (2016).

Lo anterior se puede verificar en la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento” 16-D-05035-02-0798, misma que integra el Informe General sobre la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, entregado hace unos días a la Cámara de Diputados (20 de febrero).

Si bien en el mismo documento hay observaciones a los ayuntamientos de Saltillo, San Pedro de las Colonias, Parras, Matamoros y Ciudad Acuña, ninguno de los anteriores cayó en un supuesto de “infracción” como sí lo hizo Torreón. Por ello su trascendencia. Por el contraste.

Me explico. La Auditoría Superior de la Federación revisó 663 millones 887 mil pesos, equivalentes al 100 por ciento de los recursos federales transferidos en 2016 al Municipio mediante el fondo “participaciones”. De ellos, 265 millones 770 mil pesos –que significan el 40 por ciento de la muestra total– representan un “probable daño a la Hacienda Pública Federal”.

Dicho de otra forma: cuatro de cada 10 pesos fueron malversados y se hallan en estatus de “recuperaciones probables”.

El reporte mencionado se desglosa en cuatro grandes descubrimientos: 55 millones 656 mil pesos fueron retenidos por el Gobierno del Estado “sin comprobación”, de otros 76 millones 722 mil pesos no hay “documentación justificativa del gasto”, por su parte 68 millones 137 mil pesos fueron dilapidados en sueldos “pagados en exceso”, y finalmente 65 millones 253 mil pesos desaparecieron “por errores  u omisiones en la retención del Impuesto Sobre la Renta”.

Y a juzgar por las observaciones cuantificadas en dinero, el desorden financiero predominó. Para empezar el Ayuntamiento de Torreón “no informó a través de su página electrónica ni en otros medios oficiales, sobre la ministración, manejo y destino de los recursos”. Por si fuera poco “incurrió en inobservancias de la normativa” y “no realizó una gestión eficiente y transparente”.

¿Qué hizo entonces?

Ahora bien, si cotejamos la información con la Cuenta Pública 2016 que presentó al Congreso del Estado en su día, en ésta reportó haber recibido 755 millones 630 mil pesos en “participaciones”. La cifra contrasta con los 663 millones 887 mil pesos que le fueron auditados por ese mismo concepto. Es decir, a la vista salta una diferencia de 91 millones 743 mil pesos a su favor.

¿Mintió en las cuentas proporcionadas a la Auditoría Superior de la Federación?

Las “participaciones”, conocidas también como “Ramo 28”, tienen una característica: no son etiquetadas por la Federación. Es decir, el Municipio (su alcalde, básicamente) puede determinar libremente a qué destina esos recursos a diferencia del “Ramo 33” –fiscalmente llamado “aportaciones”– que sí es etiquetado y debe utilizarse exclusivamente a infraestructura. En otras palabras: extienden un cheque en blanco a los presidentes municipales. 

Por eso justamente se malversan.

Cortita y al pie
No se haga muchas ilusiones de justicia. A partir de que fue entregado el Informe de la Cuenta Pública 2016 a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior tiene 10 días hábiles para enviarlo al Ayuntamiento de Torreón, y éste un plazo de 30 días hábiles a fin de aclarar los requerimientos de la Auditoría con información adicional de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Eso significa que a más tardar el 20 de abril deberá responder. Se viven, pues, días de Cuaresma, pero también de alquimia contable para conseguir facturas y reunir firmas.

Sin embargo, a partir de ahí todo es discrecional. La misma Ley permite “reuniones” entre los funcionarios involucrados de Torreón y los auditores, quienes tienen hasta 120 días hábiles para pronunciarse al respecto. Traducido a hojas de calendario, hasta el 15 de octubre de 2018.

La última y nos vamos
El camino está trazado para que no pase nada. Eso no significa que usted no deba saberlo: el último año que Miguel Riquelme gobernó Torreón, se perdieron 265 millones de libre disposición.
¿Dónde quedarían?

@luiscarlosplata