A Marisela Escobedo la asesinaron a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010 mientras realizaba una sentada exigiendo que el asesino de su hija fuera llevado ante la justicia, el ex gobernador Cesar Duarte, ahora detenido en Estados Unidos acababa de tomar posesión.

Los propio guardias del gobernador cerraron las puertas del recinto cuando quiso ingresar al ser preseguida por su asesino.

Tras 10 años, la causa por la que luchaba sigue impune, al igual que su asesinato.

A pesar de la indignación generalizada por su asesinato, luego de una investigación inicial que estuvo plagada de deficiencias y marcada por el escándalo, prácticamente no ha habido avances en el caso de Escobedo en la última década.

A principios de noviembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa diaria que el caso Escobedo “debe permanecer abierto” y ser examinado por su administración, un hecho importante después de años en los que las autoridades locales mantuvieron que el caso estaba cerrado. Estas declaraciones ocurrieron días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informara al Estado mexicano que tenía tres meses para enviar a la comisión sus observaciones sobre los casos de Escobedo y su hija Rubí, un primer paso mientras la CIDH delibera si debe admitir el caso. 

El impulso para revisar el caso Escobedo, que es emblemático de muchas de las crisis más desconcertantes que enfrenta el país, no podría llegar en un momento más delicado para el gobierno mexicano. 

Además del impacto económico causado por la pandemia COVID-19, las tasas de homicidio están en su punto más alto, según el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Marisela Escobedo nació en Piedras Negras, Coahuila, 12 de junio de 1958, fue una enfermera y activista social mexicana, asesinada mientras protestaba por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años de edad, ocurrido en el año 2008.

Marisela Escobedo señaló entonces a la pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, como el asesino. 

Con recursos propios logró localizar a Barraza en Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez. Allí este confesó la autoría del crimen y señaló el lugar de sepultura de los restos de Rubí Frayre en uno de los primeros juicios orales de la historia de México en donde la confesión no es suficiente.

De esta manera, aun a pesar de la autoinculpación, los jueces declararon al asesino inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad. Ello supuso un escándalo que trascendió las fronteras nacionales, convirtiéndose Marisela Escobedo en referente público de su denuncia.