La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República aprobó este lunes la realización de un periodo extraordinario a fin de retrasar la entrada en vigor de la reforma al outsourcing.

Este periodo también servirá para ratificar a Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en sustitución de Irma Eréndira Sandoval, quien fue separada del cargo el pasado 21 de junio por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente del Congreso acordaron realizar un periodo extraordinario para hacer una serie de modificaciones a la reforma laboral en materia de subcontratación o outsourcing.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, propuso retrasar la entrada en vigor de la modificación al Decreto en materia de outsourcing hasta el 1 de enero de 2022, “para que no se pongan en riesgo millones de empleos en este país”, según dijo la legisladora en sus redes sociales.

Ante la iniciativa presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, de aplazar por 30 días más la entrada en vigor de la reforma, la también presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Senado planteó que, si lo que se quiere es hacer una corrección a dicha reforma, “se deben hacer bien las cosas”, sobre todo porque la situación económica del país no atraviesa por un buen momento.

La propuesta de la panista llegó después de que el senador Monreal anunció su iniciativa para modificar el Artículo 1 transitorio del Decreto en materia de subcontratación laboral para que el plazo máximo de implementación inicie el 1 de septiembre, y no en agosto, como se tenía previsto, es decir, 30 días más de plazo establecido.

En su exposición de motivos, la senadora indicó que la reforma se sometió a discusiones públicas que destacaron la necesidad de esta reforma para normar los vacíos legales que dieron pie a abusos en perjuicio de los trabajadores. Sin embargo, dijo que estos abusos eran “la excepción”, pues la mayoría de las empresas cumplía con la ley.

“Además necesitaban de esta figura para ser competitivas, generar empleos y coadyuvar al desarrollo de México, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir por la pandemia del Covid-19”, planteó López Rabadán.