NUEVO LAREDO, TAMPS.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró, en 11 meses, llegar a un acuerdo económico con las familias de los tres jóvenes civiles que murieron por disparos del Ejército el 3 de julio de 2020, pero no ha detenido a un solo militar por los asesinatos.

Los soldados involucrados seguirán en labores normales hasta que se demuestre su responsabilidad, se lee en la carpeta de investigación del caso, consultada por El Universal.

La madrugada del 3 de julio de 2020, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registró un enfrentamiento entre militares y civiles.

Los soldados declararon ante el Ministerio Público que después de una agresión, a las 2:00 de la mañana, repelieron el ataque disparando a civiles armados a bordo de una camioneta pick up y que el enfrentamiento terminó con 12 civiles armados muertos, tres de ellos vestidos de civil, y nueve con equipo táctico.

La siguiente semana, este diario reveló que tres de los 12 eran jóvenes secuestrados que murieron a manos del Ejército, así como un video del operativo, donde no se observa reacción de los civiles armados y,  a pesar de las órdenes de cesar el fuego, los militares continúan disparando.

Al final del video se ve cómo una persona se mueve dentro de la caja de la  pick up; los militares  apuntan con sus armas y lámparas, y se escucha gritar a un soldado: “¡Mátalo,  a la verga!”.

Los soldados declararon el mismo 3 de julio que sus cámaras no funcionaban y que estaban apagadas, pero el video proviene de uno de dichos equipos,  los cuales  deben ser portados por los elementos cuando realizan operaciones en las calles.

Los soldados fueron citados a declarar tras  la publicación del video, luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ordenó una investigación interna y plena colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR). Varios de los elementos niegan saber quién es el soldado que grita “mátalo, a la verga”. Declararon que no estaban en la zona, que no veían o que no sabían de quién era esa voz.

Y ninguno de los 24 elementos entrevistados precisa si la persona que se mueve en la caja fue atendida por algún médico, u omiten mencionar que alguien se movía en la caja.

El Ministerio Público tampoco pregunta, sólo les presenta el video con una duración de cuatro minutos y espera los comentarios de los soldados.

A la par de las entrevistas a los 24 militares que participaron en los hechos, tres familias de las víctimas que murieron a manos de los soldados fueron contactadas por el Ejército para ofrecerles un acuerdo económico basado en el artículo 72 de la Ley General de Víctimas, que dice: “La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza”, de acuerdo con el abogado de las víctimas, Martín Alvarado.

Después de semanas de negociación se acordó un monto; dos de las tres familias aceptaron y, meses más tarde, la última familia también accedió.

 Dos terceras partes de la información recopilada en la carpeta de investigación se concentran en los meses de julio a diciembre, después se integran muy pocas evidencias nuevas.

El hecho de que elementos del Ejército se acerquen con las víctimas a ofrecer un acuerdo económico representa para Santiago Aguirre, director del Centro ProDh, que no hay un mensaje institucional de cómo entender a las víctimas.

“La Sedena, la Marina y la Guardia Nacional empiezan a apartarse de lo que generó la Ley General de Víctimas y la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es una práctica institucional que va a bajar, quizá, los números de denuncias, recomendaciones, pero que no será efectiva para generar disuasores a estas violaciones a derechos humanos”, dijo.