Organizaciones de derechos humanos insisten en que la tortura se mantiene en México sin que haya sido eliminada, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la tortura ha sido erradicada.

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura que se celebra este sábado, varias organizaciones recuerdan que existen casos puntuales que demuestran que el camino es largo y que la realidad dice otra cosa.

“Estas afirmaciones que se han hecho y que señalan que la tortura es un mal extinto y erradicado distan mucho de ser una realidad desgraciadamente”, dijo Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de prevención de la tortura de la organización Documenta.

Agregó que su organización ha podido atestiguar en los últimos años que persisten este tipo de prácticas y recordó que organismos internacionales se refieren al problema como “un mal endémico, sistemático y muy extendido en el país”.

Demasiada evidencia

Según Ferrer lo que existe “es mucha evidencia que apunta en sentido contrario y que indican que la tortura es un mal muy presente dentro de distintos sistemas públicos y que se deben hacer muchísimas intervenciones para erradicarla”.

Recordó que en 2017 fue aprobada la Ley General contra la Tortura que ordenaba la creación de unidades en cada una de las fiscalías de los estados, las cuales deben asumir las investigaciones para casos de tortura, pero la mayoría de sus disposiciones no se aplican.

Agregó que México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura.

Relató que en diciembre de 2020, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal especial de tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció “las enormes deficiencias que se tiene para investigar y probar la tortura”.

Denuncias sin resolver

El activista dijo que, como muestra de ello, en 2019 la FGR presentó dos casos por tortura y solo hubo una sentencia.

En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura realizadas en el país, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.

Además, destacó que existen graves deficiencias en investigar los señalamientos y se traslada la carga de pruebas a las víctimas.

El Comité recordó que en 2018 la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Tortura, delito sin combatir

Señaló que esa cifras evidencian que la tortura no se está combatiendo como lo dice el Gobierno y agregó que existen muchos problemas para las víctimas para poder acreditar este delito, además del encubrimiento y nula investigación.

“Las cifras señalan que la tortura es un delito impune y no se puede investigar, además de que no existen costos por torturar porque no existen sentencias”, expuso.

Recordó que menos del 1 por ciento de los casos de tortura que se investigan llegan a una sentencia y habría que ver cuántas son condenatorias y cuántas absolutorias”, apuntó.

En el panel “¿Se erradicó la tortura en México?”, organizado esta semana por Amnistía Internacional, el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Gerald Staberock, coincidió en que en México la tortura es una práctica existente.

Explicó que la tasa de impunidad sobre esta práctica es del 98 por ciento y la población más afectada son los grupos marginados, de color, indígenas y, en su mayoría, hombres.

Para Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, creado a raíz de la detención, tortura y encierro de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio en agosto de 2001, “la tortura seguirá ocurriendo en el país mientras exista impunidad y no se castigue a los responsables”.

Recordó que la organización publica cada año un informe en el que documenta las detenciones arbitrarias por fuerzas de seguridad “y 40 de cada 100 personas que han sido detenidas de manera arbitraria sufrieron tortura”.

Sobre quiénes son los que torturan, Salvador Ferrer señaló que en el imaginario se señala mayormente a las corporaciones de seguridad y la tortura más documentada es la que se produce en los procesos de investigación criminal, pero “cualquier funcionario puede cometer tortura” lo cual incluye a policías, militares, pero también existe en otros sectores.

Un primer paso para combatirla por parte de las autoridades mexicanas sería “reconocerla, mencionarla y dimensionarla” y organismos internacionales han señalado que es importante no tener un discurso de negación ante este delito, además de cumplir con las obligaciones que marca la propia ley.