La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de un proyecto que obliga a México a cumplir con las acciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, una decisión que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, permitirá que se busque a los desaparecidos del país de forma más rápida y eficaz.

México tiene más de 85,000 personas desaparecidas, según cifras del actual gobierno federal, el primero en reconocer la competencia de dicho comité de Naciones Unidas y el que puso en marcha una Comisión Nacional de Búsqueda, entidad que el miércoles elogió la decisión del alto tribunal en sus redes sociales oficiales.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas es el órgano creado para supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y emite “acciones urgentes” mediante las que solicita a un Estado tomar medidas inmediatas para buscar y localizar a una persona desaparecida.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, se han emitido 411 acciones urgentes para México. Durante años estas peticiones no se cumplieron.

Por eso el CICR y otras entidades subrayan la importancia del actual pronunciamiento de la corte.

“Esta decisión no solo es histórica, al ser la primera vez que un tribunal nacional se pronuncia sobre el carácter obligatorio de las acciones urgentes, sino también importante para fortalecer la garantía del derecho de las personas a ser buscadas de manera rápida y efectiva”, manifestó la organización internacional en su cuenta oficial de Twitter.

La discusión en la Corte surgió a partir de un amparo presentado por la ONG IDHEAS contra la fiscalía de Veracruz en la desaparición forzada de Víctor Álvarez Damián y otros jóvenes en 2013.

“Ante la negativa de la autoridad ministerial y posteriormente del órgano judicial de distrito de reconocer que las acciones urgentes son obligatorias, solicitamos que este asunto fuera asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su trascendencia social”, explica este colectivo en su sitio web.

Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, aseguró que la decisión del alto tribunal sienta ahora un precedente para que las fiscalías de todo el país “asuman con seriedad las obligaciones internacionales que el estado mexicano tiene”.