Monterrey, Nuevo León.- Los gobernadores que integran la Alianza Federalista urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a definir la situación jurídica en relación con el desafuero del mandatario tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Lo anterior luego de que solicitaron a la SCJN pronunciarse sobre el conflicto constitucional que el gobierno de Tamaulipas presentó ante la Alta Corte de Justicia para la inmunidad que la Cámara de Diputados le despojo y que horas más tarde el Congreso local no homologó.

 “Urgimos a la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse sobre el conflicto constitucional trabado entre la Federación y las entidades federativas en relación con la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal”, señaló la Alianza en un comunicado, emitido este viernes.

Agregó que la definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa.

“Sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen”, advirtió la agrupación.

Agregó que si bien hay una parte de la decisión de la Cámara Federal que es soberana e inatacable, constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales.

“En este sentido, los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado que la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, se pronuncie sobre el tema, ya que resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad”, expuso.

La Alianza Federalista destacó que se había desterrado el uso facciosos de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación.

“No debe permitirse que se configure de nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad. El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", puntualizó la Alianza.