La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila convocó a una gran marcha de maestras y maestros el próximo lunes 3 de mayo para exigir al Gobierno del Estado una solución a las irregularidades en los sistemas de pensiones y servicios médicos que afectan a los educadores, sus familias y a la sociedad en general.

La cita es a las 10:30 horas en la Plaza de Armas de Saltillo, frente al Palacio de Gobierno, ya que los docentes resaltaron que son temas críticos que ponen en riesgo su salud y vida, por lo que solicitaron acciones inmediatas al mandatario Miguel Ángel Riquelme Solís.

“De lo que se trata es intensificar la defensa de nuestros derechos humanos sobre todo, sociales, laborales, y por eso estamos aquí haciendo esta invitación”, dijo Gustavo García, integrante del gremio magisterial.

La exigencia es instalar una mesa técnica conformada por el Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Riquelme, y la Coalición de Trabajadores de la Educación para dar seguimiento a temas como el servicio médico integral, el cual ha empeorada, de acuerdo con los docentes.

Asimismo, piden acciones inmediatas para el pago del adeudo millonario del Gobierno del Estado y las universidades a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) y al Servicio Médico, así como al Seguro y Retiro a pensionados.

Además exigieron auditorías a cuentas individuales, Fondo de la Vivienda, Fondo de Ahorro, Talleres Gráficos, salones y centros recreativos, así como revisar las denuncias penales por delitos contra las instituciones de seguridad social y que se restituya el daño.

“Existen 16 demandas penales que desde el 2015 presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE), y esa es otra de nuestras demandas, queremos resultados, queremos ver qué avances hay en esas investigaciones”, explicó Gustavo García a nombre de la Coalición.

‘GOBERNADOR SE LAVA LAS MANOS’

De acuerdo con el grupo magisterial, el gobernador Miguel Riquelme debe asumir la responsabilidad de poner orden a las instituciones y fincar responsabilidades por los delitos en fraudes, peculados y desvíos, así como obligar la restitución del daño.

Sin embargo, “evade la situación, se lava las manos simplemente, no quiere asumir lo que le marca incluso la ley de responsabilidades de organismos paraestatales que señala claramente que los organismos públicos descentralizados están a cargo del Ejecutivo estatal, él es el responsable”, puntualizó Gustavo García.