Un Tribunal Unitario en Materia Penal negó este martes un amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó al exsubdirector de Operaciones de Pemex, Luis Alberto Núñez Santander, acusado de comprar 700 pipas y carros de tanque que nunca se entregaron, por un monto 27 millones 359 mil dólares.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario de Pemex adquirió las pipas con una empresa de Estados Unidos sin efectuar una licitación pública a cuando menos tres personas de carácter internacional. Además, la compañía no formaba parte del directorio de proveedores de Petróleos Mexicanos.

Las autoridades ministeriales comprobaron que, según un estudio de mercado, la empresa tampoco había sido considerada como susceptible de participar en el procedimiento de contratación para los 700 carros de tanque. Sin embargo, Luis Alberto Núñez Santander ordenó la entrega de un anticipo del 30% (27 millones 259 mil dólares), lo que ocasionó un daño patrimonial a Pemex.

Núñez Santander fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) el 20 de marzo de 2020. Después fue trasladado al Reclusorio Norte.

“La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Luis ‘N’ por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de uso indebido de atribuciones y facultades“, explicó la institución en un comunicado.

Al imputado se le dictaron las medidas cautelares de brazalete electrónico durante el periodo de investigación. Además, se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir de la Ciudad de México.

El pasado 13 de enero, José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso al exsubdirector de Operaciones de Pemex tras analizar los datos de prueba que entregó la FGR.

Ante ello, José Alfonso Montalvo Martínez, Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, rechazó este martes proteger a Núñez Santander, quien argumentaba que la detención y el auto de vinculación a proceso violaron su garantía de audiencia y el debido proceso.