El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó una afectación del 35.7 por ciento en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a causa del contrabando de combustibles y en la que estaría involucrado el crimen organizado.

Y es que durante el primer trimestre del año hubo una caída del 35.7 por ciento -la cual equivale a alrededor de 20 mil 306 millones de pesos- en la recaudación de este impuesto, respecto al mismo periodo del año pasado.

“Esta situación se presenta debido al contrabando bronco y técnico de combustibles. El contrabando bronco es el realizado por la delincuencia y el crimen organizado, que además de tener un impacto negativo en la recaudación, afecta la competencia leal en el mercado”, se explicó a través de un comunicado.

Incluso, la venta de gasolinas durante enero y febrero pasado fue de 48 mil 557.3 millones de pesos, cifra 25.1 por ciento más baja que los 64 mil 879.6 millones del mismo periodo del 2020.

Para introducir el combustible, se intensificó la operación de redes en aduanas, corrompiendo a agentes y así introducirlo de manera ilegal al país. Dichas redes operan principalmente en las aduanas  de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, así como en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

De acuerdo a fuentes federales, las pipas ingresan con combustible adquirido en Texas que no es reportado en las aduanas; en algunos casos, utilizan documentación falsa para disfrazar el combustible y evadir pago de impuestos.

Una de las redes que opera de esta forma, es la que se dio a conocer a través de una denuncia anónima que llegó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y el propio SAT.

En ella, se apunta al grupo importador Nexoil, dirigido por Guillermo Pazarán, que le compra combustible a las empresas texanas Energy International LLC y Serv Energy LLC, en cantidades mayores a las permitidas por la Secretaría de Energía y que a su vez lo vende a Karina Melissa Guerrero Rodríguez.

Guerrero Rodríguez vendió a más de 230 empresas distribuidoras, comercializadoras y estaciones de servicio en distintos estados del territorio nacional y uno de estos clientes es Energética Carvel, S.A. de C.V., ubicado en Chihuahua.

En Sinaloa, dice la denuncia, operan Diesel Max Internacional, SC de RL de CV y los expendedores Marissa del Carmen Heras López U Faja de Oro Abastos. Esta empresa  tiene las gasolineras: Servicios y Gasolinera La Costerita, El Rayo Servicios, Kail Servicios, Servicios y Combustibles Tepuche y Centro Trailero ‘El Pueblito’.

También se incluye a Servicios Express Paje, SA de CV y a Petrosina, SA de CV, ambas con permiso de comercialización.

Asimismo, están involucrados los expendios de Rendimas y Sugaso, entre ellos la razón social Servicios Revolución, Servicios Auxiliares de Sinaloa. De Platinum, la razón social son Servicios y Gasolinera La Costerita y Servicios Express de Bachigualato.