Conforme a lo previsto, ayer se registró la primera jornada de vacunación masiva en Saltillo, la principal zona urbana de Coahuila pero que, por decisión del Gobierno de la República, fue la última en la cual se dispuso realizar este proceso que arrancó en el país el pasado mes de diciembre.

En los cinco puntos de vacunación dispuestos para la aplicación del biológico, de acuerdo con el delegado de la Federación, Reyes Flores Hurtado, se habrían aplicado unas 11 mil 800 dosis a personas adultas mayores.

La nota de la jornada que, por lo demás, era previsible, fue la ausencia de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, situación que provocó incluso un enfrentamiento entre el delegado Reyes Flores y el dirigentes estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, luego de que el proceso debiera ser suspendido momentáneamente en uno de los puestos de vacunación.

De acuerdo con el funcionario federal, un grupo de lideresas del PRI habrían acudido a las instalaciones de la Canacintra con el propósito de “obstaculizar la vacunación”. En opinión del dirigente priista, la pretensión del primero sería “justificar su ineficiencia” culpando a su partido.

Fuera de estos incidentes, la jornada transcurrió en calma y el ánimo general de quienes finalmente recibieron la vacuna fue de comprensible satisfacción, lo cual debe celebrarse.

Flota en el ambiente, sin embargo, un tufo desagradable: el del oportunismo político de uno y otro lado, circunstancia que se hace más evidente debido a que la vacunación está siendo realizada en medio de un proceso electoral en el cual todos buscan satisfacer sus intereses.

Es entendible -aunque no justificable- que eso ocurra entre quienes se encuentran en abierta competencia por los votos y, como parte de la retórica de campaña, eventualmente decidan convertir al proceso de vacunación en un elemento de la discusión política.

Es reprobable, sin embargo, que se involucren en esa dinámica los servidores públicos que tienen responsabilidades concretas con la población y entre ellas figura el impedir que los programas públicos sean utilizados con fines partidistas.

De las autoridades, todas, lo que se espera es que sean capaces de colaborar al margen de sus orígenes políticos y que dicha cooperación se realice anteponiendo el interés general a cualquier interés partidista.

Eso, por desgracia, no es lo que estamos viendo. Y no lo estamos viendo en ninguna de las autoridades involucradas quienes, en lugar de sentarse a la mesa y explorar fórmulas para sumar esfuerzos y multiplicar resultados, se enzarzan en un concurso de descalificaciones públicas a la menor provocación.

El trabajo de quienes tienen responsabilidades públicas ya resulta, en general, decepcionante para los ciudadanos y la conducta de quienes debieran cooperar en este momento de dificultad general no ayuda en nada a mejorarla. Sería de esperarse que tal situación mejore de inmediato porque, como ya se ha dicho antes, apenas estamos en la segunda de muchas jornadas en las cuales lo más importante será la colaboración.

EDITORIAL