El mes de febrero de 2021 será recordado por dos sucesos de gran importancia para México, relacionados ambos con la energía eléctrica. Uno fue “el gran apagón”, que se presentó entre el 14 y el 18 de febrero, en el que varios millones de personas en diversos estados del norte y el centro del país se quedaron sin energía eléctrica, siendo los más afectados Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La causa fue que dejó de surtirse gas desde Estados Unidos debido a las bajas temperaturas en Texas (-18°C) y a los altos costos del BTU. La CFE lo compraba entre 3 y 4 dólares por millón de BTU y llegó a comprarlo entre 180 y 200 dólares por millón de BTU —entre 50 y 60 veces más caro—. Se calcula que el efecto de este aumento en las finanzas de la CFE pueda alcanzar hasta 20 mil millones de pesos.

El otro suceso relacionado con la energía fue la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en la Cámara de Diputados el 26 de febrero y por el Senado el 3 de marzo de este año. Esta Ley modifica el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas, da prioridad a la CFE sobre empresas privadas y privilegia primero a las plantas hidroeléctricas, luego la nuclear y las centrales geotérmicas de ciclo combinado y termoeléctricas de la CFE; las eólicas y las solares de particulares, así como las centrales eléctricas del ciclo combinado de propiedad privada.

Con la interrupción de energía en varios estados, quedó demostrada la dependencia que tenemos del gas de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el 40 por ciento de la energía eléctrica en México depende de este hidrocarburo, que se convirtió en el insumo por excelencia, a través de las plantas de ciclo combinado. Y aunque México es productor de gas natural, nuestro País carece de capacidad para almacenarlo, lo que ha sido un grave error del pasado, por lo que sólo está disponible el que se transporta en los ductos.

Pareciera que México está hoy en jaque, pues debe pagar más por oferta y demanda. No faltó quien, como el exgobernador Rogelio Montemayor, presidente del Clúster de Energía en Coahuila y algunos comentaristas, que aprovechando el apagón volvieran a sacar el tema de extraer gas de la Cuenca de Burgos mediante la técnica del fracking, prohibida en muchos países y en varios estados y condados de Estados Unidos y vetada por el presidente López Obrador, por los innumerables daños que ocasiona a la salud y al ecosistema, específicamente al agua. También el gobernador Riquelme —que dudo entienda del tema y sus peligros—mencionó que debería de utilizarse el fracking para dejar de ser dependientes de Estados Unidos.

Con la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se pretende que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revise la legalidad y rentabilidad para el gobierno, de los contratos de generación y compraventa que la empresa estatal CFE tiene suscritos con productores independientes de energía, donde participan empresas como Bimbo, Femsa, Walmart, Telmex y AT&T, Altos Hornos, Grupo Posadas, Grupo Modelo, Sabritas y varias multinacionales de origen español, como Iberdrola y Naturgy; solo estas dos producen 20 por ciento de la energía eléctrica en el País.

A raíz del apagón, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y la Alianza Federalista hicieron un llamado al Gobierno Federal para que impulse y no limite el uso de energías renovables en el País, ante las evidentes dificultades de la CFE por ser la única generadora y abastecedora de electricidad. Lo que no mencionaron estos señores son los contratos leoninos suscritos por la CFE con las empresas de estas “energías limpias” en gobiernos anteriores.

En relación con el cuidado del medio ambiente, la Ley de Transición Energética (aprobada en 2015) contempla que para el 2021 el 30 por ciento de la energía eléctrica consumida en el País provenga de fuentes limpias. Actualmente contamos con el 25 por ciento, para el 2024 se espera que sea el 35 por ciento, el 45 por ciento para 2036 y el 60 por ciento para el 2050, con la intención de contribuir como país en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.

Cumpliendo con la Ley de Transición Energética, la CFE busca que sus plantas, como las hidroeléctricas y su central nuclear, puedan emitir Certificados de Energía Limpia, pues actualmente sólo pueden hacerlo centrales que arrancaron producción después de 2014 o tuvieron aumentos en su capacidad de generación.

El compromiso establecido por México no suena inalcanzable si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Secretaría de Economía y al Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Sener, México cuenta con una gran capacidad instalada que da un enorme potencial de generación de electricidad hacia el 2030 a partir de: energía eólica, geotérmica, hidráulica, solar y bioenergía. Esto demuestra que en un futuro no lejano dejaremos de ser dependientes del gas que se importa de Estados Unidos y la ilusión de algunos de llevar a cabo el fracking para abastecer a México de gas natural, quedará en el olvido.

Con el 35 por ciento de la energía consumida proveniente de fuentes limpias en el 2024 y el 60 por ciento en el 2050, México podría convertirse en líder en América Latina y en el mundo en este tema.