La calificadora Fitch Ratings advirtió el jueves que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría afectar negativamente a los proyectos privados de energía renovable o térmica, a los productores independientes de energía y a los generadores que tienen acuerdos bilaterales de compra de energía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Fitch igualmente indicó que la Ley de Servicio Público de Electricidad de 1992 también podría verse perjudicada por las modificaciones que contempla la reforma eléctrica.

La calificadora detalló que la reforma eléctrica “revierte la desregulación del mercado energético y debilita aún más la confiabilidad de la red” al dar prioridad de despacho a la electricidad de las plantas de energía “más antiguas, más caras y menos eficientes de la CFE” por encima de las plantas privadas. 

Añadió que espera que la volatilidad de los precios al contado “se intensifique a medida que las plantas de la CFE excedan la oferta del sistema al asignar sus costos marginales fuera de la curva de mérito económico, probablemente desplazando la curva de demanda y ejerciendo presión a la baja sobre los precios al contado”.  

“Los costos operativos incrementales de la CFE deberían cubrirse con cargos adicionales del sistema, aumentos de tarifas para los usuarios finales o subsidios gubernamentales para la CFE”, apuntó Fitch Ratings en un comunicado.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente López Obrador fue aprobada en el Senado de la República el miércoles pasado por 68 votos a favor y 49 en contra. En una sesión semipresencial de más de nueve horas, los legisladores de Morena, PT y PES, avalaron el dictamen sin permitir cambios a la propuesta que remitió la Cámara de Diputadosla semana pasada.

La calificadora resaltó que “se espera que el proyecto de ley enfrente desafíos legales de acuerdo con los principios constitucionales y legales mexicanos, tales como leyes antimonopolio, seguridad jurídica y no retroactividad de la ley, y protecciones de tratados internacioneles”. 

“Las demandas pueden impedir que el proyecto de ley entre en vigencia”, aseveró.