Durante 21 años, desde que la señora Zenovia Rodríguez Monroy llegó a vivir a aquel terreno del barrio de San Pedro de la Laguna, en Zumpango, Estado de México, su casa se reducía a un cuartito de madera con techo de lámina, en donde sólo tenía una cama y una estufa. Si acaso, medía cuatro metros cuadrados. Ahí vivía con sus dos hijos y su esposo. 

Debido a su situación precaria, en el sexenio pasado, ella fue beneficiaria del programa social Programa de Apoyo Alimentario. Y por estar en ese padrón, un día tocaron a su puerta para decirle: ‘usted salió beneficiada para el cuarto, se le va a hacer un cuarto’. 

Era el programa de "Cuartos Rosas", una acción de gobierno gestada durante la administración de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) que en tres años recibió un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos para más de 114 mil cuartos.

Pero una investigación realizada por MILENIO en media docena de estados y en documentos oficiales da cuenta de que no existe una evaluación clara de los resultados del programa. Y en muchos casos, los recursos no se sabe dónde están.

Ni en documentos ni en la realidad hay sustento de su efectividad; en numerosos ejemplos, documentados en terreno por este diario, los cuartos no se construyeron o se construyeron a medias, sin puertas, sin ventanas o sin cimientos, con materiales de mala calidad que los hicieron inservibles. Incluso, algunos fueron ofrecidos como dádiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El programa, administrado por el equipo de Robles, incluido su oficial mayor, Emilio Zebadúa, hoy investigado por su papel en el desvío de miles de millones de pesos a través de la Estafa Maestra, recibió millonarias asignaciones presupuestales entre 2016 y 2018. Era uno de los proyectos estrella de la Sedatu y la Secretaría de Hacienda lo mantuvo fuertemente financiado hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), consideran que ese programa tuvo, principalmente, un problema: no se pudo evaluar su avance, a cuánta gente benefició y si su objetivo se cumplió. A casi tres años del final del sexenio de Peña Nieto, no se sabe a ciencia cierta qué hizo la Sedatu con todos los recursos y si su uso fue el que se tenía previsto, para ayudar a que mujeres de escasos recursos contaran con un cuarto adicional en sus viviendas.

En el papel, el objetivo de Cuartos Rosas era loable: una política pública que empezó en el año 2016 con la intención de evitar el hacinamiento y así, reducir las posibilidades de que las mujeres de la familia vivieran violencia de género en su propio hogar.

Según datos de la Sedatu, entre 2016 y 2018, la dependencia construyó 114 mil 894 cuartos adicionales en las 32 entidades federativas: 87 mil 203 en 2016, 4 mil 577 en 2017 y 23 mil 114 en 2018.

En esos tres años, se destinaron, según la dependencia, 4 mil 365 millones 404 mil 729 pesos para la construcción de cuartos adicionales: 3 mil 191 millones de pesos en 2016, 147 millones en 2017 y mil 26 millones en 2018.

Eso significa que, en promedio, cada cuarto, que oficialmente mediría 12 metros cuadrados (cuatro por tres), habría tenido un costo de 37 mil 995 pesos.

Pero más allá de las estadísticas y de los números oficiales plasmados en informes en papel, en el terreno, la realidad es distinta.

En la casa de la señora Zenovia en vez de un cuarto yace una ruina, como testimonio del abandono en el que algunos contratistas dejaron el proyecto.

“Vinieron y me dejaron el material, me dejaron block, me dejaron arena, grava, supuestamente para lo del cuarto, pero ya después a la siguiente semana vinieron según a trabajar, pero sólo vinieron dos días, en esos días, sólo hicieron lo que fue la plancha de abajo, porque nada más le ponen una malla abajo… Ya después, al otro día dijeron que iban a empezar a pegar el block, pero sólo hicieron lo que fue una “L”, nada más fue un muro y la mitad de otro. Eso fue entre viernes y sábado; el lunes ya no vinieron, dijeron que ya no iban a venir que porque la constructora no les había pagado”, recuerda la señora Zenovia.

“Así se quedó el cuarto, ya no hubo nada de movimiento”, dice.

Lo mismo le pasó a la señora Fabiola Bárcena, habitante de la colonia Lomas de Tecámac, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

“Me dijeron que me iban a venir a hacer un cuarto y nada más me vinieron a dejar el material, pero incompleto; pasó el tiempo y no me hicieron nada. Nada más me dieron cemento, como cuatro varillas y nada más”, recuerda.

“Nada más se echó a perder, porque el cemento se hace duro y se quedó allí. Lo tuve dos años. Me decían que si yo lo utilizaba iba a haber represalias para mí, porque yo tenía que esperarme hasta que vinieran a hacerme el cuarto… Y me quedé esperando”, dice enojada.

Pero no en todos los casos fue así. Hubo beneficiarias a las que sí se les construyó el cuarto, aunque quedó en malas condiciones.

“Realmente hubo muchísimas irregularidades; desde la cimentación, ocuparon el material más barato que pudieron, nosotros dimos la opción de poder aportar una mínima cantidad o lo que se pudiera para poder reforzarlo, ya que hicieron la cimentación sin siquiera escarbar mucho para poder hacer el cimiento y eso nos daba desconfianza, sobre todo que estamos en una zona de huracanes”, platica la señora Leslie Candanedo, habitante del municipio de Chetumal, en Quintana Roo.

“No aceptaron que porque ya estaba eso establecido, era un acuerdo que se había hecho con gobierno de que solamente la cimentación iba a estar por encima”, reclama.

Su vecina, la señora Odilia López reclama que su cuarto sirve más de bodega que de habitación, pues cuando llueve, se le mete mucho el agua.

“Le entra el agua y si meto mi cama, se me moja, jajaja, sí, de bodega lo tengo nomás ahí”, dice resignada.

Las historias se repiten en comunidades marginadas de al menos cinco estados más, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Oaxaca, que MILENIO pudo visitar.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la señora Claudia Pastrana Martínez afirma que el cuarto fue construido de manera satisfactoria. Pero revela un detalle y que fue un beneficio otorgado por parte del PRI.

“Fue un apoyo que nos lo ofrecieron por medio del partido (PRI), para el bienestar de mis hijos; nos lo ofrecieron en la presidencia para varias personas que estábamos trabajando para el partido, fue una manera de gratificarnos también”, afirma.

Como a ella, a la señora Guadalupe Virgen, de Tecámac, Estado de México, la explicaron que el cuarto, al que no le pusieron ni puerta ni ventana, era una ayuda “del partido”.

“Yo creo que más bien andaban buscando gente; no nos dijeron que era federal, nada más dijeron que era del partido y me preguntaron si me podía meter a un movimiento que se llamaba Mujeres Piensa en Rosa para poder meter los papeles, porque era por parte del partido”, dice.

Recursos ‘revueltos’

Aunque se le dio publicidad y difusión bajo el título de “Cuartos Rosas”, en realidad ese beneficio social no existió con ese nombre.

El programa "Cuartos Rosas" o "Un Cuarto Más" o "Un Cuarto Adicional", como también se le llamó, no existió como programa presupuestario dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2016, 2017 y 2018.

En realidad, se trata de un componente titulado “Ampliación y/o mejora de la vivienda”, el cual formó parte del programa presupuestario denominado Programa de Infraestructura.

Ese programa fusionó en 2015 los recursos de los programas Hábitat, Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos, Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales y Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, y se dividió en tres vertientes: ampliación y/o mejoramiento de la vivienda; espacios públicos y participación comunitaria, e infraestructura para el hábitat.

La mezcla de objetivos y presupuestos vuelve complicado hacer un seguimiento en documentos oficiales del gasto público aplicado exclusivamente a la construcción de los cuartos adicionales.

No hay un desglose del presupuesto asignado para esa tarea, por lo que las evaluaciones del Coneval o las auditorías de la ASF se han aplicado al Programa de Infraestructura en su conjunto y no exclusivamente a la acción de la construcción de cuartos adicionales.

Así lo explicó la ASF en una de las dos auditorías que realizó a la Cuenta Pública 2016.

Entre sus conclusiones, la ASF explicó que al programa se le autorizaron 9 mil 362 millones de pesos, pero sólo ejerció 6 mil 509 millones de pesos, pero “sin poder identificar cuánto le correspondió a la vertiente para apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la ampliación y/o mejoramiento de espacios en la vivienda”.

Sin rastro del dinero

En una de esas auditorías, la ASF encontró que de los 6 mil 500 millones de pesos supuestamente ejercidos en el Programa de Infraestructura en 2016, 3 mil 166 millones de pesos se usaron en actividades ajenas al programa.

Detalló que ese dinero se usó para pagar contratos de prestación de servicios celebrados con universidades, asesorías para la operación de programas; subcontratación de servicios con terceros; arrendamiento de edificios, helicópteros y pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando, mientras que de otros 689.2 millones, se desconoce su destino.

Por ese presunto desfalco, la ASF presentó en 2020 una denuncia ante la Fiscalía General de la República, como lo dio a conocer MILENIO en agosto de 2020.

En 2016, la ASF también encontró irregularidades como que la Sedatu reportó como su población potencial del componente de ampliación de vivienda a 21.8 millones de hogares y registró en sus bases de datos a 69 mil 681 hogares atendidos; pero no determinó a su población objetivo.

Eso, expuso la ASF, “evidenció un riesgo para entregar el subsidio, y demostró la falta de mecanismos de control para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada rendición de cuentas”.

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Además, no presentó la documentación necesaria que sustente la autorización de los proyectos de ampliación de vivienda en 10 entidades federativas: Chiapas, Guerrero, Estado de México, Puebla, Zacatecas, Jalisco, Tlaxcala, Coahuila, Ciudad de México y Sonora.

En el reporte de avances correspondiente al 2016, la Sedatu reportó un avance del 71 por ciento en la meta de construcción de cuartos adicionales, pero no pudo acreditar ese avance ni contó con información de los recursos ejercidos.