Cada semana, mientras estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga se reunía con sus colaboradores para trazar la estrategia de desvíos de la Estafa maestra, afirmó Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la dependencia.

En su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, Zebadúa González señaló al exjefe de oficina de Sedesol, Ramón Sosamontes Herreramoro, como el encargado de contactar a los rectores de las universidades públicas a través de las cuales se realizaban las subcontrataciones para desviar recursos.

Zebadúa González detalló que Sosamontes Herreramoro indicaba a los rectores o directivos de las universidades y organismos descentralizados que conseguirían contratos con la Sedesol y Sedatu, a qué empresas y por qué montos debían subcontratar.

Para ello, organizaba comidas y reuniones en las que se establecía cuánto dinero se quedaría en las instituciones educativas y cuánto se entregaría a las empresas subcontratadas.

“Dichas negociaciones marcaban la ruta del dinero que se iba a seguir, así como los tiempos de entrega, generalmente se definían de acuerdo a las necesidades de la agenda de la secretaria Robles Berlanga para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y proselitistas”, afirmó.

El dinero que recibían las empresas era retirado en efectivo y trasladado a las oficinas de Rosario Robles o de Ramón Sosamontes para ser utilizado con fines de política propagandística y actos proselitistas.

“Una vez que se habían establecido todos los procedimientos, porcentajes y ruta del dinero, es que se le avisaba a la secretaria sobre los resultados de las reuniones, si se aprobaba era cuando se citaban a las partes, se elaboraban todos los convenios y/o contratos y se procedía a la firma de éstos”, señaló.

“Ya que se definían y marcaban los tiempos de los contratos y/o convenios, se realizaban reuniones privadas con operadores fiscales de empresas fachada, las cuales prestaban el servicio de ser subcontratadas por parte de las universidades y a través de estrategias fiscales sacaban el dinero en efectivo y entregaban dichos recursos en puntos clave que se establecían generalmente en las distintas oficinas que tuvo la secretaria Robles Berlanga”, indicó.

Las oficinas a las que el dinero era trasladado, según Zebadúa González, eran las de Sedesol ubicadas en Paseo de la Reforma 116, colonia Juárez, en la Ciudad de México y la de Robles Berlanga o Sosamontes Herreramoro en Paseo de la Reforma 99, colonia Tabacalera, también en la capital del país.

Zebadúa González precisó que el porcentaje aproximado de cada contrato o convenio que se subcontrataba con las empresas, para regresarlo a las manos de los desviadores y destinarlo a fines proselitistas, era de 40% del monto contratado con las universidades y organismos públicos descentralizados.

Con esta declaración, Zebadúa González busca que la FGR le aplique un criterio de oportunidad para convertirse en testigo colaborador y evitar cualquier acción penal en su contra.

Por ello, acusó directamente a Robles Berlanga de utilizar los mecanismos de contratación y subcontratación de la Sedesol y de la Sedatu para fines distintos a los de las dependencias.

“La secretaria Robles Berlanga tuvo como política la utilización de convenios con universidades públicas y organismos descentralizados estatales para hacerse de recursos líquidos para llevar a cabo actividades político-electorales, y de publicidad y promoción, no presupuestados de origen, lo cual desarrolló permanentemente con la ayuda, coad- yuvancia o participación de varios integrantes de su oficina, el área de la Dirección de Comunicación Social y ciertas subsecretarías operativas”, apuntó.

Estimó que los desvíos en Sedesol y Sedatu para fines electorales llegaron a mil 267 millones de pesos. Actualmente, Robles Berlanga está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, pues la fiscalía federal la señaló de tener conocimiento de los desvíos millonarios y de no hacer nada para impedirlos.

El lunes pasado, sus abogados dieron a conocer que declarará ante la FGR para buscar también un criterio de oportunidad y ser considerada como testigo colaborador o testigo protegido, pues hay una nueva orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.