Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista alistan una serie de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un intento por revertir la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos.

Los mandatarios estatales consideraron que las reformas aprobadas en la Cámara Baja y en el Senado son inconstitucionales, pues expusieron que los alcances de las modificaciones legales son incalculables, tanto en los daños que representarán como en la cantidad de personas afectadas, por lo que suscribieron sus demandas el pasado viernes para presentarlas esta semana.

“Nuestras controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daños y afectados. Nadie se salvará del tsunami de su devastación”, subrayaron ayer en un comunicado de prensa.

“La extinción de fideicomisos viola principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio, desquicia por igual haciendas públicas y patrimonios privados. Priva de futuro a incontables mexicanos”, indicaron.

Pasos a seguir

El primer objetivo de la estrategia legal será que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos provenientes de los 109 fideicomisos, que equivalen a más de 68 mil millones de pesos, en la Tesorería de la Federación, hasta que se resuelva el fondo de la controversia.

El segundo objetivo, explicaron, es que la justicia federal declare inconstitucional la reforma que extingue los fideicomisos y la deje sin efectos.

Los estados interpondrán sus controversias a través de los equipos jurídicos de cada uno de los integrantes de la Alianza Federalista, en lo que, explicaron, se constituyó como dos niveles de impugnación: por la violación de los principios y preceptos de la Constitución, y para invalidar la extinción de los 109 fideicomisos, “haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas de cada estado”.

Al señalar que las reformas que extinguen los fideicomisos confiscan derechos adquiridos, truncan proyectos públicos y privados, además de condenar “indiscriminadamente al desamparo”, también, dijeron, concentran recursos anteriormente etiquetados y auditados a un manejo discrecional y opaco.

“Maquiavelo [el filósofo italiano] le llamó el arcana imperi, el imperio del secreto”, compararon los mandatarios.

“La defensa de los fideicomisos no es sólo para beneficio de nuestras entidades, sino para todos aquellos entes públicos y privados que serán severamente afectados si no se logra detener esta inconstitucionalidad”.

En el documento, que fue distribuido ayer, el secretariado técnico de la alianza destacó que la emprendida por los mandatarios no es la única ruta de acción posible contra la extinción de los fideicomisos, pues espera que los partidos de oposición en el Senado y la Cámara de Diputados emprendan acciones similares.

“Seguramente se emprenderán acciones de inconstitucionalidad por parte de fracciones parlamentarias del propio Congreso de la Unión y la vía de amparo al alcance de todo aquel que vea afectados sus derechos por la desaparición de fondos públicos, como, por ejemplo, los damnificados sin el cobijo del Fonden”, argumentó la alianza.