Las campañas electorales llegan esta semana a su fin. Dentro de unas horas, las y los abanderados de los 11 partidos políticos, así como los dos candidatos independientes que contienden por los 25 asientos del Congreso de Coahuila, deberán guardar silencio y prepararse para la definición de la ciudadanía.

Ha sido, a no dudarlo, una campaña atípica, marcada por las reglas impuestas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, durante la cual quienes buscan el voto popular se han visto en la obligación de no realizar eventos masivos y de respetar los protocolos establecidos por las autoridades.

Esta realidad –que hoy damos en llamar “nueva normalidad”– ha implicado un enorme reto para quienes, desde los partidos políticos y desde las instituciones públicas, tienen la responsabilidad de garantizar el derecho al voto de quienes estamos inscritos en la lista nominal de electores de Coahuila.

Un señalamiento ha dominado este proceso electoral desde que se reanudaron las actividades luego de la suspensión a la que obligó la Jornada Nacional de Sana Distancia decretada a nivel federal: la posibilidad de que veamos una de las participaciones ciudadanas más bajas de la historia.

El temor a que la operación de las casillas electorales implique convertirlas en focos de propagación del virus es real y por ello quienes tienen a su cargo la organización de la jornada electoral –el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila– tienen frente a sí el reto de informar de manera puntual sobre las estrategias que han diseñado para garantizar que ir a votar sea seguro.

Preocupa, en particular, el hecho de que el semáforo epidemiológico diseñado a nivel federal haya regresado hace unos días en Coahuila al color naranja, lo cual implica que el riesgo de contagio se ha incrementado debido al repunte en el número de casos confirmados.

Esto quiere decir que quienes integran los grupos vulnerables –personas mayores de 65 años, así como quienes padecen enfermedades que implican un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de contagio– deben gozar de mayores garantías para que el ejercicio de su derecho al voto no ponga en riesgo su salud y la de sus familias.

Pero si no se realiza una labor de convencimiento que nos invite a creer que realmente es seguro asistir a la casilla que nos corresponde, eventualmente hacer fila y emitir nuestro voto, es altamente probable que la ausencia de ciudadanos en las casillas sea el signo distintivo de la jornada comicial.

Las autoridades electorales tiene seis días –contando el de hoy– para convencer a la ciudadanía no solamente de que acudir a votar constituye parte de nuestros deberes cívicos, sino también de que las medidas diseñadas serán suficientes para hacer de la jornada electoral un ejemplo de coordinación institucional para garantizar la salud pública.

Es de esperarse pues, que en la recta final de las campañas y durante el denominado “período de silencio”, las energías de todos estén orientadas a lograr dicho propósito.