Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá,  Javier Martín Reyes y Pedro Salazar Ugarte*

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado. En una decisión polémica y extremadamente dividida, seis integrantes del Pleno calificaron como constitucional la materia de la consulta popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, el futuro de ésta es incierto. La Corte no tuvo una voz unificada. La mayoría ofreció razones discordantes para avalar la consulta y, más importante aún, hicieron una reformulación de la pregunta que genera más dudas que certezas. El Presidente ha sido el persistente promotor de la consulta popular. Con el argumento de la importancia de la participación ciudadana, durante semanas AMLO se encargó de incitar a sus simpatizantes a recolectar firmas y así convocar, desde abajo, a este ejercicio previsto por la Constitución.

El asunto se votó en el Pleno de la Corte el jueves 1º de octubre. Sólo cinco ministros compartieron la manera en que Aguilar definió la materia de la consulta y analizó su constitucionalidad. Así, el entendimiento de la materia de la consulta incluyó desde la amnistía y la búsqueda de la verdad, hasta las responsabilidades administrativas y las facultades discrecionales del Ejecutivo, pasando por la política criminal y el combate a la corrupción.

Desde otra perspectiva no hay que olvidar que la organización de estos ejercicios democráticos cuesta dinero y mucho. Este viernes, precisamente, uno de los nuevos consejeros del INE estimaba que es posible que el gasto para llevar a cabo la consulta oscile alrededor de los 8 mil millones de pesos, una cantidad nada despreciable considerando la preocupación de esta administración por recortar en cualquier rubro, independientemente de que sea en campos tan importantes para el desarrollo del país como la ciencia y la educación.

¿Por qué gastar recursos humanos y económicos en algo redundante, cuando el Presidente pregona austeridad?, ¿qué certeza se tiene ahora de que la pregunta (ambigua) es de tal trascendencia nacional o regional como para organizar un proceso costoso a cargo del erario público? Si de verdad se quiere consultar a la ciudadanía y fomentar mejores formas de democracia, que no sea por medio de preguntas que poco abonan a la consolidación de un Estado democrático constitucional, que no sea a través de consultas que no son consultas. En cualquier caso, hay algo seguro: la decisión de la Corte hará que tengamos que dedicar buena parte de las discusiones de los meses que vienen a este tema. Poco a poco se tendrá que contestar a las dudas que planteamos y a muchas más que seguramente surgirán en el camino.

La Suprema Corte ha hecho mal su trabajo y esto tendrá consecuencias. Las confusiones e indeterminaciones que se abren con la decisión sobre la consulta de López Obrador, y la nueva pregunta definida por la Corte, generan nuevos conflictos y disputas sobre su interpretación y aplicación. Parece, por tanto, que la decisión de la Corte quizá ayudó a evitar un choque inmediato entre el Ejecutivo y el Judicial, pero a mediano y largo plazo abre la puerta para que el conflicto político persista y escale. Si es así, tal parecer que el único ganador sería otra vez el Presidente, más allá de que le hayan cambiado su pregunta. 

*Los autores son investigadores universitarios